El ex número dos de Interior acusa a los Mossos por el 1-O
José Antonio Nieto califica de “surrealista” la reunión con Puigdemont el 28-S
Nieto apreció “violencia” contra sus agentes y que la policía catalana “no actuaba”
El ex secretario de Estado defiende que se usó la fuerza “mínima imprescindible”
“Volveremos a votar”, sostiene Torrent, presidente del Parlament
El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto se convirtió ayer en el principal testigo de la acusación en el caso 1-O desde que comenzó el juicio, por su relato sostenido y lineal sobre los hechos registrados. La tesis mantenida por Nieto es que los Mossos d’Esquadra no colaboraron para impedir el referéndum, y que las fuerzas de seguridad del Estado se hallaron ante “el peor de los escenarios”, con acciones de “violencia” contra los agentes en los centros de votación, mientras los miembros de la policía autonómica “no actuaban”.
Hasta aquí, en esencia, cuanto dijo a preguntas de las acusaciones. Pero en respuesta a las defensas admitió que el 1-O no hubo agentes hospitalizados ni atendidos en centros de urgencias, así como tampoco se registraron bajas laborales debidas al restablecimiento por lesiones entre los miembros de la Policía y la Guardia Civil. Tampoco hubo lesionados en la concentración ante la Conselleria d’Economia, los días 20 y 21 de septiembre del 2017. En todo caso, sí hubo ocho detenidos por agredir a policías el día del referéndum, y agentes con contusiones “muy dolorosas”.
El tribunal había previsto media hora para la declaración de Nieto y la realidad fue que duró más de cuatro horas. El interrogatorio de las acusaciones se llevó más de la mitad de ese tiempo y sirvió para que el ex secretario de Estado de Seguridad apuntalara con detalle las tesis de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox sobre la supuesta falta de implicación de los Mossos en el cumplimiento de la orden judicial recibida para que el referéndum del 1-O no tuviera lugar, forzando así a que Policía y Guardia Civil tuvieran que hacer frente a la situación sin apoyos. Las defensas, en cambio, destacaron que las fuerzas de dichos cuerpos no atendieron peticiones de ayuda procedentes de los Mossos.
Nieto subrayó en su relato que la reunión de la Junta de Seguridad mantenida el 28 de septiembre fue “surrealista”. Añadió que tuvo esa impresión porque mientras los representantes de Interior insistían en que se desconvocara el 1-O, las autoridades de la Generalitat, con el president Carles Puigdemont a la cabeza, insistían en no hacerlo y en que lo importante del auto judicial que ordenaba impedir el referéndum era atender al mandato de la juez Mercedes Armas en el sentido de que la labor de las fuerzas policiales para cumplir ese objetivo debía respetar la normal convivencia ciudadana. Nieto aludió al entorno político y mediático, que consiguió que “la noticia fuera hombre muerde perro y no perro muerde hombre”, porque lo que se criticaba era que la Policía y la Guardia Civil trataran de impedir el referéndum, en lugar de entenderlo como un obligado cumplimiento de la ley. Y aludió personalmente al mayor Josep Lluís Trapero acusándole en varios momentos de falta colaboración.
El ex número dos de Interior también subrayó en cuanto al uso de la fuerza que se empleó “el mínimo imprescindible”. Y aseguró que “técnicamente” no se produjeron “cargas” policiales, sino actuaciones contra la resistencia pasiva, cuyo objetivo no era actuar contra las personas en los centros de votación, sino apoderarse de las urnas y del material electoral, para que el referéndum no pudiera celebrarse.
La segunda mitad de la jornada estuvo centrada en el examen de las decisiones tomadas por la Mesa del Parlament, muy especialmente en relación con la ley del Referéndum y las de desconexión. Las diversas intervenciones dejaron claro que la Mesa de la Cámara fue muy advertida de los riesgos que suponía la tramitación de dichas iniciativas, dadas las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) para frenarlas.
El debate giró sobre todo en torno a las capacidades de la Cámara catalana para impedir o no iniciativas y propuestas que supusieran una vulneración de la legalidad constitucional. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell sostuvo en días pasados, durante su declaración, que dio vía libre a las citadas leyes porque no quiso censurar ni limitar la labor de la Cámara.
Esta versión fue secundada ayer por el actual presidente de la institución, Roger Torrent, quien explicó que el presidente del Parlament no puede cerrar el paso a las iniciativas de los grupos parlamentarios. La Fiscalía y Vox –que había propuesto a Torrent como testigo– insistieron en que hubo en el pasado dos iniciativas legislativas populares sobre celebración de un referéndum, y no se tramitaron. Torrent subrayó que en tales casos no se trataba de propuestas de los gru-
LA NEGACIÓN
Durante la jornada del referéndum no hubo “cargas”, en el sentido técnico del término
LOS MEDIOS EMPLEADOS
El uso de la fuerza por parte de Guardia Civil y Policía fue “el mínimo imprescindible”
LOS ANTECEDENTES
Nieto afirma que la Junta de Seguridad para coordinar fuerzas no logró avance alguno
pos parlamentarios. Cuando la iniciativa parte de dichos grupos, su debate no puede ser rechazado –añadió–, incluso si los letrados advierten de la presunta inconstitucionalidad de la propuesta, porque sus dictámenes no son vinculantes. “La Mesa no puede ejercer la censura”, dijo, para precisar que las leyes de referéndum y de desconexión buscaban “que los ciudadanos de Catalunya puedan decidir sobre su futuro”. Pero también subrayó que tales iniciativas no tuvieron “efectos jurídicos” y, abriéndose de manos para subrayar la constatación, dijo: “Esto es evidente, ¿no?”.
Torrent añadió que “yo voté el 1 de octubre, y tengan presente que volveremos a votar. El conflicto sólo se resolverá con un referéndum”.
José María Espejo (Cs), vicepresidente segundo del Parlament –testigo propuesto por la Fiscalía–, dijo, en cambio, que la Mesa debe decidir sobre la admisión o no de las propuestas de los grupos parlamentarios. Y todo ello de conformidad con el reglamento “y el resto de obligaciones que tenemos”. “Hay algunas que efectivamente se inadmiten en esta legislatura, pero por razones formales, no materiales”. Y sobre la inadmisión de las antiguas iniciativas para regular un referéndum, precisó que se rechazaron “por razones de fondo”, por la materia sobre la que se pretendía legislar, entendiendo que el Parlament no tiene competencias sobre ello.
Espejo relató que, en cambio, ante las leyes votadas luego en el pleno del 6 y 7 de septiembre, los grupos partidarios del 1-O alegaron que la Mesa no tenía por qué atender a las resoluciones del Constitucional, ejerciendo una censura sobre los debates parlamentarios que no le correspondía. YDavid Pérez (PSC), secretario segundo de la Mesa, fue especialmente contundente al afirmar que “tenemos la obligación de inadmitir toda iniciativa que contradiga el ordenamiento constitucional”.
Xavier Muro, actual secretario general del Parlament, pidió que su imagen no apareciera en la transmisión del juicio, y en cuanto a las leyes de Transitoriedad y la del Referéndum, manifestó que él y el ex letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona elaboraron un informe en el que advertían de las posibles responsabilidades penales derivadas de tramitar dichas iniciativas, dadas las advertencias realizadas a este respecto por el TC. Y además avisaron sobre la inadecuación del procedimiento de lectura única, a la luz de las mismas resoluciones.
También se refirió al informe del 4 de octubre sobre la programada comparecencia del expresident Puigdemont para ofrecer resultados del referéndum porque esta iniciativas se situaba “en una línea de aplicación de la ley suspendida”. En otro informe decían que si la ley de Referéndum estaba suspendida “no podía darse ningún acto de aplicación de la misma”, y que la Mesa no debería admitirlas a trámite por este motivo.
Hoy declararán el coronel Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar las fuerzas policiales el 1-O, y Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya en dichas fechas. La expectación es máxima, para comprobar hasta qué punto sus testimonios corroboran o matizan el prestado ayer por José Antonio Nieto. Sobre todo, porque la impresión general en torno a la evolución del juicio es que la tesis de la violencia se debilita cada día que pasa.
Torrent apoya la tesis de Forcadell de que no cabe la censura en el Parlament
Antoni Bayona, ex letrado mayor, sostiene que la Mesa puede frenar leyes
Millo y Pérez de los Cobos, muy esperados al debilitarse la tesis de la violencia