El Govern fijará entre seis y diez años la duración de los alquileres
Justícia modificará el Código Civil para limitar también las subidas de precios
El Govern anunció ayer que modificará el Código Civil para poder ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler de viviendas, que pasará a ser de entre seis y diez años, y para limitar también las subidas de precios. La Generalitat usará esta vía apoyándose en el hecho de que tiene competencias exclusivas sobre el Código Civil.
La Generalitat prepara una reforma del Código Civil de Catalunya para regular los arrendamientos urbanos, limitando las subidas del precio de los alquileres y alargando su duración, que prevé fijar entre seis y diez años. De esta manera, el Ejecutivo catalán quiere ir más lejos del decreto ley que aprobó el viernes el Gobierno de Pedro Sánchez, que rechazó limitar las rentas y sólo ligó las actualizaciones anuales al IPC.
El anuncio fue recibido con estupor por el sector inmobiliario. Óscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, lamentó que el Govern no hubiera informado ni recabado la opinión del sector y recordó que la experiencia del control de alquileres aplicado en España durante el franquismo, y de los límites aplicados en ciudades como París y Berlín muestran que “el control de precios reduce la oferta de vivienda en alquiler, por lo que no soluciona el problema sino que lo agrava”.
La consellera de Justícia, Ester Capella, explicó ayer que prevé que la nueva norma pueda llegar al Parlament antes de final de año y permita ejercer la competencia exclusiva que tiene la Generalitat en materia de derecho civil para facilitar el acceso a la vivienda.
“Se trata de evitar abusos, como el aumento desproporcionado de la renta al cabo de sólo tres años de contrato, que contribuyen a la expulsión de los vecinos”, señaló la consellera, que aseguró que el Govern desea diseñar una norma que permita estabilizar el mercado, reduciendo la diferencia entre el aumento del precio del alquiler (del 38% en cinco años en Barcelona) y el estancamiento de los salarios.
Así, el proyecto de ley facultará a la conselleria que sea competente en materia de vivienda, en estos momentos la de Territori, para que pueda limitar el precio del alquiler, ya sea directamente o dando a los ayuntamientos la capacidad para hacerlo. La norma alargará también la duración mínima de los alquileres, que se situará entre los seis y diez años; establecerá condiciones diferentes para los particulares y para las empresas inmobiliarias, que tendrán que ofrecer contratos de mayor duración, y fijará los derechos y obligaciones de cada parte. “Queremos reequilibrar los contratos, que ahora dejan desprotegidos a los inquilinos, para evitar litigiosidad”, señaló Capella, que avanzó que la norma incluirá sanciones para las prácticas abusivas.
Preguntada por la posibilidad de que el Estado cuestione la competencia de la Generalitat para regular los alquileres, Capella recordó que Catalunya tiene competencia exclusiva en derecho civil, de forma que sólo se aplica el derecho español subsidiariamente, es decir, en los casos que no están previstos en el Código Civil de Catalunya. Como hasta ahora el Parlament no había regulado el arrendamiento de fincas urbanas, el marco de referencia actual es la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). “Esperamos que el Gobierno de Madrid respete las competencias propias de Catalunya en derecho civil. Recordemos que esto es aplicar el Estatut, que es una parte del bloque constitucional”, afirmó Capella.
El libro sexto del Código Civil catalán, dedicado a las obligaciones y los contratos, ya regula otros tipos de alquiler. Así, establece las normas relativas a la compraventa y a los arrendamientos rústicos, los pastos y las granjas urbanas.
Joan Ollé, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, se mostró a favor de fijar una regulación fiable e inequívoca, que dé seguridad jurídica a inquilinos y propietarios, y consideró adecuado situar la duración de los contratos en 5 o 6 años. Sin embargo, limitar los precios a su juicio perjudicará el acceso a la vivienda. “No se ataca el origen del problema: que una parte de la población no tiene capacidad económica para comprar ni para pagar un alquiler. No hay vivienda social de alquiler, ni se construye. Porque eso supone proyectos de medio y largo plazo; urbanizar nuevas zonas del área metropolitana donde hay muchos metros de suelo y dotarlas de infraestructuras, trenes, escuelas... En cambio se pretende que el problema lo solucionen los propietarios”. A su juicio, serían preferibles medidas fiscales como reducir el impuesto de sucesiones o el de patrimonio a quienes alquilen a precios asequibles.
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