Trump aprieta las tuercas a Cuba

La Administración Trump endureció ayer la presión sobre Cuba al anunciar que, por primera vez desde 1996, permitirá que ciudadanos de EE.UU. puedan llevar a los tribunales a empresas cubanas que utilicen propiedades confiscadas tras la revolución castrista de 1959. Sin embargo, mantendrá la prohibición de denunciar a empresas extranjeras. La decisión fue presentada como una respuesta al apoyo cubano al régimen chavista de Nicolás Maduro. La medida sólo afecta a una lista de 200 empresas cubanas y agencias gubernamentales que ya están sujetas a sanciones estadounidenses por sus vínculos con el ejército y la inteligencia cubana. EE.UU. no cumple así con su amenaza de permitir acciones en sus tribunales federales contra empresas extranjeras, algo que inquietaba mucho en la UE, primer inversor extranjero en la isla. Entre las mayores empresas extranjeras está la británica tabacalera Imperial Brands, que fabrica puros en una joint venture con el Gobierno cubano; las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Meliá o la francesa Pernod-Ricard, que fabrica el ron Havana Club con una destilería estatal. La ley Helms-Burton, de 1996, permitía a los exiliados cubanos llevar ante los tribunales a todas las empresas, cubanas o extranjeras, beneficiadas por las nacionalizaciones de 1959. Pero desde Clinton todos los presidentes han suspendido la cláusula para no dañar la relación con sus aliados.