Por una legislatura distinta y mejor
EL Boletín Oficial del Estado publica hoy el real decreto de disolución de las Cortes, con la firma de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y la sanción del Rey. Esta publicación abre el camino hacia las elecciones del 28 de abril, cuya campaña arrancará el día 12 de ese mes y acabará el 26.
El real decreto señala el final de una legislatura muy peculiar, que arrancó tras dos elecciones (diciembre del 2015 y junio del 2016) y más de 300 días de gobierno en funciones, y que ha tenido dos presidentes del Gobierno: uno del PP, Mariano Rajoy, y otro del PSOE, Pedro Sánchez, después de que este tumbara a aquel mediante una moción de censura en junio del 2018. Rajoy estuvo al frente del Ejecutivo menos de tres años. Sánchez, que al asumir el cargo declaró su intención de agotar la legislatura, ha estado menos de uno. La suya ha sido la presidencia del Gobierno más breve de la democracia española.
En el final de Rajoy resultó decisiva la sentencia del caso Gürtel, que condenó al PP y lo dejó en una situación insostenible. En el de Sánchez fue determinante su fracaso al intentar aprobar los presupuestos preparados para el 2019. Más allá de razones específicas, esta duodécima legislatura se ha caracterizado por dos factores que afectaron por igual a los dos grandes partidos. Por una parte, la fragmentación política, consolidada con el avance de Ciudadanos y Podemos en las elecciones del 2016, que parecieron marcar el final del bipartidismo y nos adentraron en una época de pactos obligados pero difíciles. Por otra, la cuestión catalana, ante la que Rajoy se distinguió por su pasividad, y en la que Sánchez apostó por el diálogo y por un acercamiento a los independentistas, criticado por la derecha, quizás con más tacticismo que perspectiva histórica, que quiso presentar como una rendición de Sánchez ante la presión del soberanismo catalán. Una rendición ficticia, puesto que en nada se alteró la Constitución.
Estos dos factores han condicionado la legislatura, en la que desgraciadamente hemos asistido también a un enconamiento del debate, sobre todo desde la parte derecha del arco político, después de que la irrupción de Vox empujara al PP y a Ciudadanos a elevar el tono de voz y a multiplicar las descalificaciones del rival. Y no sólo eso, porque en esta legislatura hemos asistido también a una normalización de la mentira en las declaraciones de ciertos líderes, que creíamos recurso exclusivo de la presidencia de Donald Trump.
La perspectiva no es tranquilizadora. El juicio a los políticos catalanes sigue en el Supremo, como un factor más de tensión entre el soberanismo y el Estado. Las encuestas no permiten prever el fin de la fragmentación política. Y aunque la campaña no se inicia hasta abril, llevamos ya de facto días sumidos en ella, en un clima de enfrentamiento verbal al alza. En la conducta de ciertos líderes pesaría más el interés inmediato del partido que el de toda la sociedad a largo plazo.
La próxima legislatura debiera ser muy distinta y mejor que la que ahora acaba. No va a resultar fácil, y menos si las urnas favorecen a quienes se inclinan por el maximalismo y las medidas opuestas al diálogo. No resultará fácil, pero es conveniente. Porque los partidos españoles con amplio respaldo deben establecer ámbitos de consenso para impulsar reformas legales, necesarias y largamente aplazadas, en educación, pensiones o función pública, entre otros muchos ámbitos. Sólo así, y no con soflamas, cumplirán su obligación.