Pisos adjudicados de una finca municipal llevan años vacíos
El gobierno de Ada Colau y el equipo del anterior alcalde, Xavier Trias, se culpan mutuamente de las demoras en la entrega
Las familias adjudicatarias del número 1 de la calle Sant Ramon llevan más de tres años esperando que el Ayuntamiento de Barcelona les entregue sus viviendas. Quizás también podrían ampararse en la ley de Habitatge de la Generalitat y pedir una buena multa para el Ayuntamiento. La abundancia de edificios vacíos en Barcelona no responde sólo a las estrategias especulativas de los fondos buitre. Otros factores son la ineficacia de las administraciones, las ocupaciones a salto de mata, los vaivenes económicos...
El gobierno del entonces alcalde Xavier Trias compró esta finca del Raval para salvar el bar Marsella y habilitar 11 viviendas públicas en octubre del 2013. El Ayuntamiento anunció que tenía listas las cláusulas de su adjudicación poco antes de las elecciones del 2015. Los principales trabajos de rehabilitación de la finca concluyeron unos tres años atrás, pero las familias adjudicatarias aún están esperando sus viviendas. El Ayuntamiento reconoce que aún no sabe cuándo las entregará. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau achaca esta demora al ejecutivo de Trias, a los ocupas que tomaron la finca, también a la compañía eléctrica Endesa...
En la Concejalía de Vivienda subrayan que los pisos no debieron adjudicarse con tanta antelación, antes de que concluyeran las obras... y responsabilizan de ello al equipo de Trias. Los entonces convergentes responden muy molestos que fueron los comunes quienes desarrollaron este proceso de adjudicación, que si iban a tardar tanto en entregar las viviendas... El gobierno de Colau también responsabiliza de estas demoras a Endesa. Cuando una treintena de ocupas tomó la finca durante unos cuantos días principios del 2018 aseguró que el último fleco pendiente era el suministro eléctrico. Y agregó que la compañía ignoraba sus requerimientos desde hacía más de un año. Endesa repuso que, como siempre, al promotor corresponde construir el centro de transformación de la finca y que, aunque dieron el visto bueno al proyecto municipal en el 2016, el Ayuntamiento no inició la licitación de su obra hasta febrero del año pasado. Sant Ramon 1, agrega la eléctrica, tiene luz desde el 21 de noviembre, pero sigue a oscuras. El Ayuntamiento dice que los ocupas dejaron unos cuantos desperfectos, que en estos momentos está gestionando con la Generalitat la tramitación requerida para poner en marcha el ascensor, que todavía no puede concretar la fecha de entrega de estas viviendas...
Otra historia que propicia desasosiego en una ciudad donde buscar piso es un drama es la de la finca ubicada en la ronda San Pau, junto a la calle Flors, entre el Raval, el Poble Sec y Sant Antoni. A pesar de tan privilegiada dirección, sus promotores no vendieron ni una vivienda durante las dos últimas décadas y pico. Fuentes cercanas a la propiedad explican que nunca encontraron compradores para sus pisos de lujo y 200 m2. La crisis fue muy dura. De modo que hace poco obtuvieron una licencia de rehabilitación integral para hacer en cada piso dos o tres apartamentos. “Pero las obras van para largo –dicen las fuentes cercanas a la propiedad–. Aún falta al menos un año para que los nuevos apartamentos estén listos. Los ocupas dejaron los pisos en muy mal estado”. Sí, muchos no achacaron esta larga situación a los vaivenes de la economía. En los círculos antisistema esta finca se convirtió en todo un símbolo de los males del liberalismo, en un ejemplo de la especulación inmobiliaria. Las ocupaciones se sucedieron durante lustros.
La última se produjo a principios del 2016. Por aquellas fechas, en la ceremonia de entrega de los premios Ciutat de Barcelona, a la alcaldesa Colau se le quebró la voz recordando al conocido activista del Poble Sec, entonces recientemente fallecido, Pablo Molano. Al poco los afines a Molano, a modo de revindicativo duelo, tomaron este edificio y montaron una suerte de universidad alternativa. El gobierno de Colau quiso entonces sancionar a los propietarios del edificio por no darle ningún uso durante tanto tiempo. “Se impulsaron en ese momento diligencias preliminares, y actuaciones previas –detallan ahora fuentes municipales–, durante las cuales se constató que el edificio no tenía la consideración de vivienda y, por lo tanto, no se podía incoar el expediente por utilización anómala”. Administrativamente hablando, la finca continuaba en obras.
Obras en un inmueble deshabitado desde hace más de 20 años para convertirlo en apartamentos