Dimite el Gobierno de Finlandia al fracasar la reforma sanitaria
El Ejecutivo estará en funciones hasta después de las elecciones del 14 de abril
Crisis de Gobierno en Finlandia. El primer ministro, Juha Sipilä, presentó ayer la renuncia de su Ejecutivo al presidente de la república, Sauli Niinistö, tras constatar que no tiene suficientes apoyos para sacar adelante su reforma del sistema público de sanidad y seguridad social, la propuesta estrella de la legislatura. La dimisión del Gobierno, sin embargo, no supone ninguna debacle política en el país nórdico, ya que las elecciones parlamentarias están convocadas para el 14 de abril, por lo que el Ejecutivo de centroderecha se mantendrá en funciones hasta la formación del nuevo gabinete.
“Es una gran decepción para mí”, admitió el primer ministro en rueda de prensa, donde recordó que la reforma, conocida popularmente como Sote por sus siglas en finés, era una de las prioridades de su programa de gobierno, y aseguró que el fracaso en su implantación habría supuesto la dimisión del Ejecutivo independientemente de la fecha de las elecciones.
Finlandia lleva más de diez años discutiendo sobre cómo reformar el sistema público de sanidad, ante el creciente envejecimiento de la población. Según el organismo de estadística finlandés, el 26% de la población del país (de 5,5 millones de habitantes) tendrá más de 65 años en el 2030, frente al 20% actual. Esto, sumado a una tasa de natalidad en descenso continuo desde hace más de una década, conllevará un incremento significativo del coste de la sanidad y las pensiones públicas, y la gran mayoría de los partidos políticos finlandeses coinciden en la necesidad de acometer una reforma del sistema, aunque discrepan sobre cómo implantarla.
Sipilä consiguió sellar un acuerdo entre los partidos de la coalición gubernamental, compuesta por el Centro (el partido del primer ministro), la Coalición Nacional (conservadores moderados) y Reforma Azul (una escisión del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses), pero la reforma se encontró con obstáculos en el Parlamento, donde la comisión de asuntos constitucionales consideró que no respetaba la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
El principal aspecto de la propuesta era la creación de una nueva administración regional, basada en 18 condados, que serían los encargados de centralizar los servicios sociales y de sanidad, mientras que ahora están en manos de los 295 municipios del país. De esta forma, se pretendía replicar el modelo de la vecina Suecia, algo que ha levantado críticas y controversias porque supone dar más poder al sector privado.
El Gobierno de Sipilä, sin embargo, ha argumentado que este cambio permitiría aumentar las opciones de los ciudadanos, que podrían elegir a qué centro sanitario acudir. En cualquier caso, el primer ministro dejó claro que la reforma no quedará enterrada, ya que es “absolutamente necesaria” para garantizar la sostenibilidad del sistema. “La reforma es necesaria sobre todo desde la perspectiva de acceso igualitario a los servicios y el bienestar de los profesionales de la sanidad, pero también desde la perspectiva de la sostenibilidad económica de nuestro país”, manifestó, y aseguró que el Partido de Centro mantendrá su apuesta por una estructura administrativa dividida en 18 condados en su programa electoral.
De momento, los sondeos de cara a las próximas elecciones apuntan a una caída de los centristas, que pasarían del 21% a un 15%, mientras que los socialdemócratas parecen ser los mejor situados.
El país debe hacer frente al acelerado envejecimiento, y la reforma se inspiraba en los cambios en Suecia