La causa del ‘procés’
Los testigos que no quieren ser vistos o las zonas vedadas junto a la sala del caso 1-O figuran entre las limitaciones
Las garantías y normas procesales del juicio por el 1-O chocan con el gran interés mediático del caso.
Las garantías y normas procesales, y el gran interés mediático en el caso 1-O, tienen en algunos aspectos un doble filo. El Supremo ha puesto especial cuidado en que el trato a los acusados sea muy respetuoso y en que la transmisión en directo del juicio suponga un gran ejercicio de transparencia. Sin embargo, ambas preocupaciones combinadas generan determinados ángulos muertos, esos puntos en que la visión queda impedida, pese a la proximidad de lo que es objeto de atención.
Los ángulos muertos existen tanto en los espacios físicos como en el entorno de la vista. A la Sala de Plenos acceden familiares de los acusados, periodistas y público. Pero su entorno equivale al de una zona quirúrgica o un reactor nuclear. Para garantizar que nadie fotografíe la conducción de los procesados –que por decisión del Supremo nunca van esposados–, se usa un gran biombo. Y no hay contacto posible con los fiscales, por ejemplo, y menos con los testigos.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, les insta al terminar su interrogatorio a que no tengan contacto con otros comparecientes e incluso a que abandonen de inmediato el edificio, salvo que quieran permanecer en la sala, cosa que no ha hecho nadie. No hay nada ilegal ni fuera de lugar en ello, por supuesto. Al contrario, se trata de normas tendentes a evitar que los testigos pudieran llegar a establecer complicidades. Pero la inaccesibilidad a los comparecientes refuerza la imagen de la Sala de Plenos como área de cirugía mayor.
No existe nada parecido a lo que en otro tipo de instalaciones se prevé para que los intervinientes en el hecho relevante de que se trate se detengan ante los medios de comunicación a la salida, si quieren hacerlo. Se dirá, con razón, que un juicio es un acontecimiento muy serio, y que en ningún caso hay que generar plataformas para el espectáculo.
Desde luego, nadie pretende alfombras rojas ni posados fotográficos. Pero en procesos judiciales de toda clase es frecuente que exista la posibilidad de despejar dudas con los comparecientes sobre el contenido de su declaración, cuando las han generado, lo que no sucede en pocos casos. La condición de testigo en un proceso no implica pena alguna de telediario. La declaración es un acto de obligada colaboración con la justicia, como Marchena ha recordado a quienes han expresado rechazo o escrúpulo a la hora de contestar a las preguntas de Vox, por ejemplo. Esas renuencias y negativas le están permitidas al acusado, pero no a los testigos.
Por otra parte, obtener alguna impresión de Mariano Rajoy o Iñigo Urkullu, por ejemplo, máxime ante las sensibles diferencias entre sus versiones de los contactos que mantuvieron antes de la declaración unilateral de independencia, seguro que habría tenido el máximo interés. Y el hecho es que si no se logró ese objetivo fue porque salieron del área quirúrgica sin posibilidad de contacto con los medios de comunicación. Salvo que hubieran querido desplazarse hasta las cámaras, colocadas tras unas vallas, a sensible distancia de la fachada principal del Supremo. Pero eso hubiera sido mucho pedir.
Lo habitual es que cuantos declaran en un juicio como el del 1-O no tengan otro propósito, en cuanto abandonan la sala de vistas, que el de poner rápidamente tierra de por medio. Sobre todo si no han sido muy convincentes.
En todo caso, no se trata de alentar juicios paralelos ni ruedas de prensa tras las comparecencias, sino de constatar que si las declaraciones en la vista dejan un rastro de falta de concreción o incertidumbre, no resulta fácil remediarlo. Aunque es obvio que los primeros interesados en que estas situaciones no se produzcan son los miembros del tribunal y los intervinientes en el proceso. También para ellos pueden existir, en este sentido, ángulos muertos.
La percepción de que estas zonas de sombra existen se ha visto potenciada en el juicio por la petición de algunos testigos de preservar su imagen durante su declaración. Esta cuestión es más delicada que la relativa a la protección de los políticos citados como testigos. Aunque hubo uno, Enric Millo, exdelelegado del Gobierno en Catalunya, para quien la Fiscalía también solicitó que se excluyera la transmisión de la imagen. Al final, Millo aceptó que se le enfocara, si bien ha habido dos casos en los que Marchena ha accedido a que el interrogatorio se hiciera sin que se difundiese la imagen del declarante: los testimonios del secretario general del Parlament, Xavier Muro, y de la secretaria de justicia Montserrat del Toro.
Para resolver el asunto, Marchena recurrió a la sutileza, argumentando que la supresión de la imagen no limitaba la publicidad del juicio, sino en todo caso la publicación, al cegar la cámara. De este modo, quiso demostrar que mantiene su compromiso de transparencia, un factor clave en la justicia penal. Y es que conviene no olvidar aquella frase del conde de Mirabeau: “No me importa que me enjuicien mis enemigos, con tal de que lo hagan con publicidad”.
Marchena estimó que no afectaba al principio de publicidad la falta de difusión de la imagen de dos testigos