Las cloacas del Estado, de nuevo
NUEVAS grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo sobre actuaciones policiales inapropiadas, cuando no delictivas, a las que ha tenido acceso La Vanguardia, ponen de manifiesto algunos casos de una escasa conciencia del deber del funcionario público que debe cumplir rigurosamente la ley, así como la necesidad de que la Fiscalía investigue y que la justicia castigue, si es el caso, estas conductas por tratarse de profesionales cuya función es, precisamente, velar por el cumplimiento de la ley.
Según las grabaciones que publica hoy este diario, el excomisario retirado, en prisión desde noviembre del 2017 por presunta organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales y autor de grabaciones que señalan la existencia de una red policial paradójicamente calificada de patriótica, participó en la llamada operación Catalunya creada en el 2012 para investigar a dirigentes independentistas. Una operación que, con conocimiento de los responsables políticos y policiales, se pagó con fondos reservados y que, según el propio Villarejo, le supuso grandes sumas de dinero y de las que todavía le deben “un zurrón de dinero, 50.000 o 60.000 euros”. La Fiscalía y la Audiencia Nacional investigan desde hace años el origen de los 25 millones que el excomisario atesoraba en su poder, así como el contenido de unas grabaciones para chantajear al Estado, y su participación en diversos casos, desde el de Bárcenas hasta el incendio del Windsor o el de el pequeño Nicolás. En la grabación que se publica hoy, su autor afirma que tiene guardados los números de serie de los billetes de 100 y de 500 euros que cobró de los fondos reservados para demostrar que dice la verdad.
En todo caso, Villarejo confirma la existencia de una operación que tuvo, como uno de sus objetivos, la familia Pujol. Para ello, este comando contó con la colaboración del empresario Javier de la Rosa, que finalmente se echó atrás, y de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que le denunció ante la Audiencia Nacional por evasión de capitales. El hijo mayor del expresidente Pujol ingresó en prisión en abril del 2017 y actualmente está en libertad bajo fianza. Fruto de esta operación, según se ha publicado, fueron también las denuncias falsas y anónimas sobre supuestas cuentas en Suiza del expresidente Artur Mas y y del exalcalde Xavier Trias y cuya autoría ha quedado en el limbo de la policía y de la justicia, así como algunas otras falsedades de trazo grueso.
La policía judicial está para investigar con los métodos que le otorga la ley. Cuando se cae en prácticas alegales, poco éticas o incluso delictivas, no sólo se intoxica la investigación sino que la anula desde el derecho. Por la buena salud de la democracia y el buen nombre de la policía, este tipo de actuaciones deben ser corregidas y sus responsables apartados. No es la primera vez que en España se han utilizado fondos reservados de forma irregular, lo que debería ser también objeto de profunda revisión. Está claro que las llamadas cloacas del Estado forman parte de unas estructuras de investigación policial que no se corresponden con las de un Estado democrático que tiene la ley por divisa. Antes al contrario, señalan una forma de hacer perversa que, por su opacidad, corren el riesgo, como en el caso que ocupa estas líneas, de acabar en conflictos entre delincuentes que se acusan mutuamente o que chantajean al Estado. Este es el caso de la guerra de comisarios. Conviene que la justicia no se duerma en su obligación de poner coto a un fenómeno que desacredita a la policía y también al Estado que lo tolera, si no es que, aún peor, lo genera.