Francia veta a los ultras
El veto afecta a lugares céntricos como los Campos Elíseos
El Ejecutivo francés busca poner coto a los disturbios causados por los chalecos amarillos prohibiendo las manifestaciones en las que se detecten perfiles extremistas.
Las manifestaciones de protesta en los Campos Elíseos de París y en otros lugares céntricos de las grandes ciudades francesas serán prohibidas si la policía detecta la presencia de elementos extremistas y de alborotadores con voluntad violenta. Esa fue una de las medidas anunciadas ayer por el primer ministro, Édouard Philippe, que intentó calmar la indignación provocada por la interminable ola de disturbios durante las movilizaciones de cada sábado de los chalecos amarillos.
El jefe del Gobierno ofreció también la cabeza del prefecto de policía de París, Michel Delpuech, que será sustituido hoy mismo por quien ocupa este cargo en la región de Nueva Aquitania, Didier Lallement. Si a Delpuech se le han reprochado errores por los desmanes de la capital, Lallement tampoco puede exhibir una gestión muy exitosa, pues Burdeos, la capital de su región, ha sido uno de los epicentros de las protestas y de los frecuentes choques con las fuerzas del orden. Pero el Gobierno necesitaba un chivo expiatorio –o un “fusible”, como dicen en Francia– y Delpuech tenía todos los números para serlo. Sacrificar al ministro del Interior, Christophe Castaner, se hubiera interpretado como una crisis política.
Philippe citó los Campos Elíseos entre las zonas susceptibles de veto para las protestas y de otros lugares especialmente “castigados” por los disturbios como la plaza del Capitolio, en Toulouse, y la Pey Berland, en Burdeos, junto a la catedral.
El primer ministro reconoció que el sábado pasado –en el que se batió el récord de incendios, saqueos y destrozos en tiendas– hubo “disfunciones” y que no se aplicó correctamente la doctrina de seguridad, entre otras cosas porque el debate sobre el uso de las balas de goma llevó a “consignas inapropiadas”. Philippe habló con mucha ambigüedad al respecto. No quedó claro si fue su escaso uso lo que hizo crecer los incidentes ni qué ocurrirá en el futuro. Sí avanzó que la policía gozará de más autonomía sobre el terreno, que se les dotará de drones, de material para “marcar” a los manifestantes violentos, para facilitar luego su detención, y de más cámaras de vídeo. A nivel de sanciones, se aumentará el montante de las multas por participar en una manifestación prohibida. Pasarán de 38 euros a 135 euros.
Sin contar con los destrozos de París del sábado pasado, la Federación Francesa de Aseguradoras (FFA) estima que los daños producidos desde que empezaron las protestas de los chalecos amarillos, hace ya cuatro meses, se elevan a 170 millones de euros, amén de la merma en actividad económica, la pérdida de ventas, los perjuicios a los transportistas, a los hoteleros, restauradores, salas de cine y teatro y otros sectores.
La situación coloca al presidente Macron ante decisiones complejas. El gran debate nacional ha concluido y ahora se espera que anuncie medidas adicionales para calmar el malestar social. Al inicio de la crisis hubo ya varias concesiones de envergadura, como suprimir la ecotasa de los carburantes y elevar el salario mínimo. A Macron no le quedan ya demasiadas opciones ante un sector irreductible y violento que es muy minoritario pero muestra gran resistencia. Su mejor esperanza es que en las elecciones europeas haya una reacción favorable a la ley y el orden que premie a su partido, la República en Marcha, y eso refuerce una legitimidad que al presidente le discuten en la calle.
El Gobierno francés destituye al prefecto de policía de la capital y reconoce que ha habido “disfunciones”