VPO en horas bajas
En el 2018 se construyeron 5.167 pisos, un 92% menos
La vivienda protegida ha quedado al margen de la recuperación económica que vive el sector inmobiliario desde el 2014, a juzgar por los datos publicados por el Ministerio de Fomento, que señalan que en 2017 sólo se completaron 5.167 unidades, frente a las más de 68.000 levantadas en el 2008.
La construcción de viviendas protegidas (VPO) siguió el año pasado en mínimos históricos: según los datos del Ministerio de Fomento en el 2018 se acabaron 5.167 unidades, un 92% menos de las 68.587 que se construyeron en el 2008, hace una década. Mientras la promoción de viviendas libres creció un 20%, y se acabaron 59.377 viviendas, la recuperación no llegó a la vivienda protegida, que en el 2017, con 4.938 viviendas, y en el 2018 han marcado los niveles más bajos desde que se tienen datos. Las viviendas protegidas de los últimos dos años son apenas el 7% de las viviendas que se construyeron entre el 2005 y el 2009, cuando siempre se superaron las 60.000 viviendas. Los datos del ministerio señalan además que en el 2018 la mitad de las viviendas protegidas, 2.418, se construyeron en la comunidad de Madrid, destacando tras ella el País Vasco (859 viviendas), Catalunya (633 viviendas, todas ellas en la provincia de Barcelona) y Navarra (588). En siete comunidades autónomas no se construyó ni una VPO durante el año pasado.
El principal factor que frena la construcción de vivienda protegida es la falta de presupuesto de las administraciones públicas: el 88% de las viviendas que se construyeron el año pasado fueron de promotores privados (4.552) frente a sólo 615 construidas por autonomías o ayuntamientos.
Marc Torrent, director general de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) reconoció que “se hacen pocas viviendas protegidas y la mayoría las hacen los privados, en Catalunya, el 52%”. En cambio, lamentó, la Administración culpa a los promotores de la falta de vivienda asequible en lugar de impulsar la promoción de viviendas protegidas.
Torrent recordó que la actividad de los promotores privados se ve frenada porque en el 2018 no se publicó la convocatoria de ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda, por lo que las empresas tienen sus proyectos parados a la espera de poder solicitarlas. En Catalunya, además, el plan que el ministerio impuso a la Generalitat durante los meses en que estuvo intervenida por el artículo 155 prevé sólo presupuesto para construir 600 viviendas anuales.
Los promotores, tanto privados como públicos, se enfrentan también al reto de ceñirse a los módulos o precios máximos de venta fijados por el Ministerio de Fomento, en un momento en que los costes de construcción están creciendo a tasas de dos dígitos.
Según los datos de la APCE, el coste de construcción teórico actual ronda los 1.500 euros por metro útil de vivienda, cuando en el área metropolitana, donde más demanda hay, el ministerio fija un precio de 1.940 euros/m2 útil. “Ese coste de construcción ahora se supera ampliamente en muchos casos, porque la falta de industriales obliga a los promotores a asumir precios más altos. Igualmente, a esos costes hay que sumar el precio del suelo, los costes de urbanización y los mismos de realizar el proyecto y de ejecutarlo. “Los precios de módulos son además inferiores en zonas más alejadas de la propia capital, cuando los costes de construcción son los mismos y sólo el suelo puede conseguirse más barato”, explicó.
Torrent aseguró que contar con un “marco jurídico estable” podría impulsar la entrada de promotores e inversores privados para construir VPO. En Catalunya, para revertir la carestía de la vivienda la APCE defiende que se alcance un gran pacto por el urbanismo y la vivienda en el área metropolitana que coordine a las administraciones y a los promotores.
El alza de los costes de construcción ha dejado desfasados los precios máximos fijados por Fomento