La Fiscalía busca afianzar sus tesis con los testigos de la Guardia Civil
Los agentes que participaron en los registros comienzan a declarar hoy en el juicio
El juicio del caso 1-O entra hoy en una nueva fase. Se trata de las declaraciones de los miembros de la Guardia Civil que participaron en operaciones concretas contra la preparación de referéndum, en especial registrando diversas sedes e instalaciones, por orden del juzgado número 13 de Barcelona. Todos ellos han sido citados a petición de las acusaciones, principalmente de la Fiscalía.
Previamente, como primer compareciente de la mañana, será interrogado Felipe Martínez Rico, exsubsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el equipo del extitular de este departamento Cristóbal Montoro. Durante su declaración en el Supremo, Montoro no aclaró gran cosa sobre su tesis inicial de que el control al que estaban sometidas las finanzas de la Generalitat impedía el uso de fondos públicos para el referéndum.
En el juicio, el exministro de Hacienda admitió que a pesar de las medidas de control, pudo haber un engaño. Las acusaciones esperan lograr del nuevo testigo alguna aclaración más fiable. En todo caso, la Fiscalía va a mantener la acusación de malversación, porque cree probado que hubo encargos de publicidad del referéndum, dato clave para sostener que existió dicho delito.
En cambio, la finalidad de los interrogatorios a los miembros de la Guardia Civil es reunir testimonios y datos para sostener la parte más esencial de las tesis acusatorias, partiendo siempre de la idea de que lo ocurrido en Catalunya en septiembre y octubre del 2017 consistió en la última fase de un delito de rebelión. Para ello, la Fiscalía trata de demostrar que el plan contaba con la participación de diversos grupos de personas, empresas y entidades que se repartieron las tareas para organizar el referéndum, como paso previo a la ruptura con España.
Los registros practicados el 20 y 21 de septiembre del 2017 respondían a ese propósito de salir al paso del supuesto plan, sacarlo a la luz e impedir su realización. De ahí la relevancia que puedan adquirir las pruebas consistentes en los atestados redactados con ocasión de los registros.
En esas operaciones, por ejemplo, se intervino el documento titulado Enfocats, al que las acusaciones han dado siempre un valor especial. Para la Fiscalía, la trascendencia de este texto reside en que definía con cierta precisión los pasos que había que dar para provocar el enfrentamiento con el Estado mientras se preparaban las estructuras en las que apoyar posteriormente la declaración de independencia. La supuesta importancia
Las defensas recelan de que las acusaciones jueguen con ventaja por tener datos del juzgado 13 de Barcelona
de este documento –hallado en el registro de domicilio de Josep Maria Jové, mano derecha del exvicepresident Oriol Junqueras– figuraba subrayada en el auto de procesamiento dictado en su día por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.
Las defensas afrontan la nueva fase del juicio oral con especiales reservas y recelos, a la vista de las incidencias de los últimos interrogatorios, sobre todo el del mayor Trapero, al que pudieron preguntar con limitaciones. El letrado Jordi Pina –defensor de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez– se unió ayer a la protesta formulada por Andreu Van den Eynde –defensor de Oriol Junqueras y Oriol Romeva– para que la Sala de Enjuiciamiento no aplique criterios restrictivos a las declaraciones de los testigos, en función de qué parte los haya propuesto.
Nadie cuestiona que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, pueda interrogar a los testigos, como hizo con Trapero para que explicara las reuniones en las que pidió a Puigdemont que desconvocara el referéndum. Pero las defensas reivindican igualdad de armas con las acusaciones. Otra preocupación de los letrados es que la Fiscalía pueda disponer de datos procedentes del juzgado 13 de Barcelona a los que los acusados no hayan tenido acceso.