La Junta Electoral apercibe a Torra
LA Junta Electoral Central (JEC) decidió ayer conceder un plazo extra de 24 horas, que expira hoy, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que ordene la retirada de estelades y lazos amarillos de los edificios públicos ante las generales del 28 de abril. Al tiempo, el órgano superior de la administración electoral desestimó el recurso de Torra al acuerdo de la JEC del 11 de marzo que requería la retirada de símbolos ideológicos de dichos edificios, invocando la neutralidad de las instituciones, la ley de Régimen Electoral o la primacía de la Constitución. Y apercibiendo a Torra de las responsabilidades administrativas y en su caso penales en las que incurrirá si “persiste en la desobediencia”.
Las funciones de la JEC son varias, y van desde las relativas al censo hasta las vinculadas a la resolución de quejas o reclamaciones derivadas de las votaciones, pasando por la emisión de “instrucciones de obligado cumplimiento” a las juntas electorales provinciales o autonómicas. En este último capítulo cabría situar el contencioso entre la JEC y la Generalitat, derivado de la presencia en edificios públicos gestionados por el poder catalán de símbolos asociados al soberanismo. La JEC los considera expresiones de parte, algo difícilmente discutible, puesto que el independentismo los prodiga como propios, según constatamos en Catalunya a diario, y según tuvieron ocasión de comprobar en Madrid en la manifestación del pasado sábado. Como tal, son símbolos inadecuados en los balcones de las instituciones que a todos los ciudadanos deben representar, y más lo son aún a lo largo del periodo de la campaña electoral. Decimos que son inadecuados porque su presencia sugiere que desde el poder se apuesta, a lo largo de toda la campaña, por un determinado voto, en detrimento de los otros.
Hemos aludido en más de una ocasión a Torra como una persona en la que predomina el perfil de activista, incluso después de asumir, por designación de Carles Puigdemont, las funciones de presidente de la Generalitat y, por tanto, de todos los catalanes. A este perfil cabe atribuir su desobediencia, que le llevó a negarse a la retirada de símbolos requerida por la JEC, y a rebatir sus argumentos, acusándola sin base de falta de imparcialidad y escudándose en una supuesta –e indefendible– dificultad para proceder a la retirada requerida.
Desde la óptica del activismo, la actitud de Torra quizás sea comprensible. Pero no lo es desde la del presidente de la Generalitat, que es un funcionario público sujeto a la normativa vigente. El proceso electoral se rige por unas normas que deben ser de cumplimiento obligado para todos los que deciden participar en él al presentar candidaturas. Lo contrario sería un sinsentido. Y un abuso por parte de quienes desde el poder tratan de jugar sin respetar las reglas del juego.
El soberanismo, que ha convertido la crítica a la democracia española en una muletilla recurrente e interesada, debería saber que la vida en un régimen de libertades no está reñida con el cumplimiento de la ley y las normas de convivencia que de ella se derivan. Por muy enraizadas que estén sus convicciones, por muy alta que sea la estima que profesa a sus ideales y sus sueños, debe aceptar que una institución pública, que ostenta la representación colectiva, no puede alinearse con una parte de los ciudadanos. No nos parece que deba hacerlo sistemáticamente y estamos convencidos de que no debe hacerlo durante la campaña electoral.