Contra la pobreza energética
La pobreza es un problema que, como sociedad, debemos combatir. Es una realidad que impacta directamente en la vida de algunos colectivos, los más vulnerables, incluida también la faceta que tiene que ver con la energía. Las compañías de Aelec (EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo) son sensibles a las difíciles circunstancias que atraviesan algunos hogares y, por ello, colaboran activamente con ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales para contribuir a aliviar estas situaciones de injusticia y desigualdad.
La pobreza energética es un problema de todos y complejo. Requiere de cambios profundos y precisa de la participación de los servicios sociales –que trabajan directamente con las personas afectadas– y la Administración –con la competencia de todas las autoridades a nivel nacional, regional y local–, además de la colaboración de las empresas energéticas y las organizaciones del tercer sector, como agentes sociales.
El primer paso para ponerle solución a un problema pasa por identificarlo. Sólo si se delimita su alcance se podrá avanzar hacia una normativa única para todo el territorio nacional, que evite las confusiones y contradicciones y permita la correcta protección de los consumidores más vulnerables. En definitiva, una estrategia nacional capaz de provocar un cambio social real. Esta hoja de ruta deberá implicar a todos los sectores que tienen algo que aportar en la lucha contra la pobreza. Tal y como señala la UE, las medidas de mejora en la eficiencia energética de la vivienda han de ocupar un lugar central en cualquier estrategia que se defina. Se trata, además, de una área en la que hay un amplio margen de mejora. También deberían contemplarse medidas económicas, a través de un bono social energético con cargo a los presupuestos de la Administración, articulado de manera similar al bono social térmico recientemente creado.
Se trata, de este modo, de dar la ayuda suficiente a quienes realmente la necesitan, depurando quiénes son los clientes y colectivos que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, precisan de este apoyo. Merece la pena señalar, en este sentido, que la cuantía de las ayudas que reciben los beneficiarios de este bono ha aumentado para cubrir así mejor sus necesidades energéticas. En definitiva, el objetivo es ofrecer protección a aquellos ciudadanos que así lo requieren de la sociedad. Una sociedad que debe responder ante ellos.
Es evidente que aún queda mucho por hacer. Administración, servicios sociales, empresas y ciudadanía debemos coordinarnos para que la falta de recursos no impida que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades energéticas fundamentales, en ningún pueblo, en ninguna comunidad, en ningún lugar.
Debería contemplarse un bono social energético con cargo a los presupuestos