Ecos del 155
La intervención dañó la atención a los más vulnerables
El tercer sector desgranó ayer en comisión parlamentaria los percances cometidos a causa del artículo 155.
La comisión parlamentaria que analiza los efectos de la intervención de la Generalitat vía artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia contó ayer con la comparecencia de representantes de los funcionarios del Govern y de las entidades sociales.
El tercer sector fue contundente al describir las consecuencias de la suspensión de la autonomía sobre su actividad en una sesión a la que sólo acudieron diputados de JxCt y ERC. Catalunya en Comú y la CUP alegaron motivos de agenda para justificar su ausencia, mientras que Cs, PSC y PP no participan en ella al considerar que se trata de un mecanismo de propaganda independentista.
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina, y el presidente de la Confederación del Tercer Sector de Catalunya, Joan Segarra, explicaron que la intervención de la Generalitat provocó “retrasos en el pago de subvenciones y convenios” a “centenares de entidades”, lo que perjudicó la atención a colectivos vulnerables, como personas en situación de pobreza.
Alsina señaló además que llovía sobre mojado, pues las entidades sociales arrastran aún las consecuencias de los recortes ejecutados por los gobiernos de CiU y Artur Mas, a lo que se añadió la aplicación del 155.
El tercer sector especificó que el trabajo burocrático de las entidades se incrementó de forma notable y tuvieron problemas para identificar un interlocutor con el que resolver las cuestiones del día a día. “El 155 no fue bien ni para las personas con necesidades ni para las entidades sociales”, resumió Segarra. Las oenegés reclamaron también al Govern que trabaje para revertir esta situación y mejorar en general la atención a colectivos vulnerables –el 24% de la población catalana vive en riesgo de pobreza–.
Por su parte, la Associació de Servidors Públics de Catalunya presentó un informe en la misma comisión, documento que está accesible en su web, que sus representantes calificaron de “inventario de daños” del 155 en la administración pública. Según este estudio, la suspensión de la autonomía provocó el cese de 259 cargos y la supresión de 24 organismos. “Mucha gente estaba preocupada y tenía miedo a significarse” en la Administración, afirmó la presidenta de la entidad, Yolanda Hernández, en el Parlament.