El juez imputa al supervisor de los cargos públicos del PP
Los casos de corrupción siguen persiguiendo al PP en los momentos más inoportunos. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar, como investigado, al jefe de la oficina del cargo popular y miembro de la dirección del partido Alfredo Prada, tras una denuncia de Anticorrupción, por el caso de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Cuando se produjeron los hechos que investiga el juez, Prada era vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. El juez de la Mata investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros en la sociedad Campus de la Justicia de Madrid, que, según la investigación, no seguía ningún criterio de racionalidad económico organizativo y presentaba “un claro desequilibrio, que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil”.
A pesar de esta imputación, el PP no tomará ninguna medida contra Prada, ya que, señalaron fuentes de la dirección popular, “no ocupa ningún cargo público”. El puesto de jefe de la oficina del cargo popular es meramente orgánico, y por eso las mismas fuentes remiten a los estatutos del partido, que especifican que hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción “no se procederá a suspenderlo provisionalmente de afiliación, para garantizar todos sus derechos”.
La oficina del cargo popular es un órgano del PP, con autonomía en el ejercicio de sus funciones, formado por entre tres y cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico dentro de la formación en cualquiera de sus ámbitos. Entre sus funciones tiene supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP; aprobar el formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio de los cargos públicos; gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos; velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, y dar cuenta al comité de derechos y garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar.
Prada tendrá que declarar en la Audiencia Nacional el 27 de marzo, cuando también han sido citados el arquitecto y director general técnico del proyecto, Isabelino Baños; el subdirector técnico, José Sanz Piñar, y el director del área financiera, Alicio de las Heras.
La dirección del partido recuerda que Prada no es un cargo público y que esperará a la apertura de juicio