Trabajo plantea restringir la pensión de viudedad entre las rentas altas
El Gobierno avisa que se van a endurecer las jubilaciones anticipadas
A las puertas de las elecciones generales, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señaló el camino por el que es probable que después del 28-A transite el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entre los cambios normativos por abordar, Granado apostó por vincular las nuevas prestaciones por viudedad al nivel de renta del beneficiario. Durante una jornada sobre pensiones, organizada por la asociación de directivos APD, Granado habló de hacer una “corrección” del modelo, endureciendo el acceso a las personas con más ingresos.
“¿Vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene en la familia, cuando pierde a su pareja? No me parece razonable”, apuntó. Al tiempo, el secretario de Estado de la Seguridad Social se mostró partidario de seguir mejorando este tipo de pensión para las beneficiarias –el 92,2% son mujeres–, que ven mermadas su nivel de vida con el fallecimiento de la pareja.
En la actualidad, del total de 9,7 millones de pensiones, 2,4 millones son de viudedad. De media, perciben 708 euros mensuales. Se trata de una prestación contributiva y compatible con cualquier renta de trabajo y con una pensión de jubilación o incapacidad permanente. En apenas unos meses, la cuantía de la prestación de viudedad se ha incrementado para una parte de las beneficiarias, al ejecutarse finalmente una subida acordada en el 2011. De esta forma, el desembolso mensual de la Seguridad Social para compensar a las viudas asciende a 1.672 millones de euros y está creciendo a tasas interanuales de casi el 9%.
La llamada de atención del secretario de Estado sobre la prestación de supervivencia se suma a tímidos intentos en el seno del pacto de Toledo a reformar una pensión pensada inicialmente para ofrecer cobertura mínima a las mujeres que, al trabajar sólo en casa, dependían de los ingresos del marido. En un reciente informe, la OCDE defendió que este tipo de prestación debía tener carácter temporal para las personas que pierden a su pareja antes de los 65 años. Según este organismo internacional, España ocupa el tercer puesto en el ranking de países por gasto en pensiones de viudedad (ver recuadro).
Para apuntalar las cuentas del sistema público de pensiones y hacer frente al progresivo envejecimiento de la población, Granado también apostó por retrasar la edad de jubilación. Así, destacó que han estado trabajando para aumentar las penalizaciones en la cotización para aquellos trabajadores que quieran jubilarse antes de la edad ordinaria que establece la ley. “En cuatro años, el que quiera jubilarse anticipadamente, deberá pagar más”, advirtió, después de hacer referencia a determinados colectivos profesionales.
Entre los acuerdos que es posible cerrar en la próxima legislatura, el responsable del Ministerio de Trabajo señaló la aprobación del incremento de la cotización para la pensión en detrimento de la parte que cubre el desempleo. La Autoridad Fiscal (Airef) defiende esta medida como medida para frenar el déficit por el pago de pensiones, frente al superávit que registra el sistema público de empleo (SEPE).
Además, el secretario de Estado de la Seguridad Social apoyó la revisión de la prestaciones por incapacidad temporal y permanente. En concreto, apoyó la creación de una pensión de incapacidad permanente de carácter parcial –referida a la jornada laboral–. Una prestación, explicó, que tenga en cuenta que hay ocupados “que no pueden trabajar ocho horas diarias”.
Finalmente, Granado se ha decantado por que el próximo Gobierno aborde una “redefinición ambiciosa” de la ley de Planes y Fondos de Pensiones.