La lista de espera para pisos sociales se dispara en Catalunya
Más de 125.000 familias aguardan su turno en el registro de vivienda protegida Sólo uno de cada cuatro solicitantes es inmigrante extracomunitario
En ocho años, Catalunya ha visto cómo se ha duplicado el número de familias que esperan entrar a vivir en una vivienda protegida. Según los últimos datos del informe del registro de solicitantes, correspondientes al año pasado, 125.265 unidades de convivencia habían demandado un piso público, lo que representa un incremento del 8,22% respecto al 2017. La lista en la que se inscriben las familias que solicitan este tipo de viviendas más económicas ha experimentado un continuado crecimiento desde el 2011, cuando, en los peores momentos de la crisis económica, la cifra era de 61.721 unidades.
Este incremento viene determinado por el problema habitacional que sufren las principales ciudades catalanas, que en estos últimos años han visto cómo han crecido de manera exponencial los pisos tanto de compra como de alquiler y ha desaparecido la oferta residencial asequible. La lista de espera vuelve a pulverizar un nuevo récord desde que se puso en marcha este registro de solicitantes.
La espera para estas familias será larga ya que el incremento del número de solicitudes no se corresponde con la producción de este tipo de alojamientos, que lleva años estancada. Lejos de cubrir la creciente demanda, se mantiene aún bajo mínimos.
A lo largo del año pasado, según la Agència de l’Habitatge, en Catalunya se acabaron tan sólo 677 viviendas protegidas. Todas ellas estaban situadas en la provincia de Barcelona y más de la mitad fueron construidas por promotores privados.
En relación con los pisos iniciados, puede decirse que el año pasado fue más prolífico, con un total de 1.394 viviendas, gran parte de ellas alzadas con dinero público o de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro.
En Girona, según los datos de la Generalitat, no se habría empezado a edificar ningún piso protegido el año pasado. El volumen más importante de producción (1.368 viviendas) corresponde a la provincia de Barcelona, mientras que en Tarragona se han iniciado sólo dos y 24 en Lleida. Estas nuevas residencias no estarán listas para entrar a vivir hasta dentro de uno o dos años.
A pesar de que la construcción de vivienda protegida continúa estancada, se empieza a apreciar un cambio de tendencia. Ayuntamientos, consorcios municipales y Generalitat tienden a liderar de nuevo la edificación de este tipo de alojamiento.
Las cifras, no obstante, quedan muy lejos de las más de 10.000 viviendas públicas que se empezaron a construir en el 2008, aunque en esa época se construyeron sin planificación y en zonas en las que la demanda no estaba acreditada, por lo que costó años dar salida a los pisos que se encontraban en poblaciones pequeñas.
Mientras, la edificación de vi-
PRODUCCIÓN MUY ESCASA
El año pasado se acabaron 677 viviendas protegidas , todas en la provincia de Barcelona
EL PERFIL
El 52% de los solicitantes de este tipo de alojamiento son mujeres
vienda pública vuelve a arrancar tímidamente, en la provincia de Barcelona 97.799 unidades de convivencia esperan un piso de protección; 12.283 en Tarragona, 10.225 en Girona y 4.954 en Lleida.
El informe elaborado por la Generalitat radiografía el perfil de las familias que solicitan este tipo de vivienda. El grupo de edad más numeroso es el que corresponde a la franja entre los 35 y los 65 años, que suponen el 61,47%de los solicitantes. También son representativos los menores de 35 años, que son el 30% del total. Predominan las mujeres y sólo un 25% solicita un piso en propied. El 37% opta por el alquiler y la gran mayoría, por una alternativa intermedia, el alquiler con opción a compra.
Está por ver el comportamiento de los demandantes de vivienda pública una vez entre en vigor el decreto de la Generalitat que establece que todos los pisos protegidos de nueva construcción deben ser en régimen de arrendamiento para que las administraciones públicas puedan conservar la propiedad de este bien y disponer, de una vez por todas, de un parque público de vivienda.
La decisión afectará sobre todo a ayuntamientos con menor capacidad de inversión y que recurren a la venta para poder sufragar la vivienda protegida. El informe del registro de solicitantes desmonta una de las leyendas urbanas que corren como la pólvora a través de los grupos de WhatsApp en estos tiempos de fake news, el de las mayores facilidades de acceso de los inmigrantes a las viviendas construidas con ayudas públicas. Así las cosas, el 73% de los solicitantes es local, el 25% procede de países no comunitarios y el resto, de estados de la Unión Europea.
Para solicitar una vivienda pública la unidad convivencial debe tener unos ingresos mínimos y no sobrepasar unos máximos. Es decir, en el registro de solicitantes no se incluye a todas las familias que tienen problemas para pagar las cuotas de la hipoteca o hacer frente a la renta mensual del alquiler. Estas familias no están contabilizadas, aunque sí que hay datos de las subvenciones aportadas a este fin por la Generalitat en el último año. Solamente en ayudas concedidas en situaciones especiales de urgencia, el Govern invirtió casi cuatro millones de euros. Un 64% de esta partida se destinó a pagar alquileres.
Todavía no se ha publicado la información sobre las subvenciones otorgadas para el pago de la renta del alquiler en el 2018. El año anterior, según la Agència de l’Habitatge, la factura fue de 116 millones de euros.