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El alarmante desajuste entre oferta y demanda de vivienda protegida en Catalunya, y el avance en la investigación de fármacos contra el cáncer logrado por dos investigadoras del Vall d’Hebron.
MÁS de 125.000 familias catalanas están inscritas en la lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. Esta cifra se ha duplicado en los últimos diez años y, mientras crecía, ha ido disminuyendo el número de nuevas viviendas protegidas disponibles. El año pasado se terminaron en Catalunya 677, todas ellas en la provincia de Barcelona, mientras que en la Comunidad de Madrid se terminaron 2.418. Durante el mismo periodo se iniciaron en Barcelona 1.394 viviendas de este tipo, 24 en Lleida, dos en Tarragona y ninguna en Girona. La brecha entre la demanda y la oferta de viviendas protegidas es enorme. Y sigue al alza.
Los motivos de tal brecha son coyunturales, también político-administrativos. En el 2008 se empezaron en España decenas de millares de viviendas de protección oficial. Pero conviene señalar que la coyuntura, a las puertas del estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis, era muy distinta de la actual. El sector de la construcción vivía los últimos días de una fase de expansión, edificaba a veces sin demanda acreditada, y la teoría del crecimiento continuo se presentaba aún como un dogma infalible. Dicho lo cual, las administraciones no pueden escudarse en esta razón coyuntural, menos aún tras haber entrado en una fase de recuperación de la economía, que debería tener su correlato en todos los ámbitos de actividad, incluido el de la vivienda protegida. El abismo entre las peticiones de estos alojamientos y la oferta propiciada por las administraciones es, además de enorme, escandaloso.
En instancias políticas esta carencia es bien conocida. De ahí que la alcaldesa Colau anunciara en campaña que durante su mandato se iban a construir en Barcelona 4.000 viviendas protegidas... Cuando lo agote, no se habrá cubierto ni un tercio del objetivo. En España, con las excepciones de Madrid, el País Vasco y Navarra, los logros en esta materia son escasos.
Todas las administraciones tienen su cuota de responsabilidad en esta situación, unas por prometer lo que no van a poder cumplir y otras por no poner al día los mecanismos que deberían dinamizarla. Destaca, en este sentido, la Administración central. Por una parte, está el alza de los precios de la construcción. Por otra, el desfase entre estos y los baremos de ayudas del Ministerio de Fomento a los promotores de vivienda protegida, que hace económicamente desventajosa, cuando no inviable, su participación en estas operaciones. Y, por último, recordaremos que el año pasado ni siquiera se publicó la prevista convocatoria de ayudas estipulada en el Plan Estatal de la Vivienda. Esta suma de factores explica la baja tasa de construcción de viviendas protegidas. Y, por tanto, la persistencia del déficit de equipamientos y el aumento de la lista de peticionarios.
La labor de las administraciones es contribuir a la mejor gestión posible de la cosa pública y atender a los ciudadanos y sus necesidades. Es obvio que en el ámbito de la vivienda protegida esto no se está logrando. Hay iniciativas de parte, como la del Ayuntamiento de Barcelona al reservar el 30% de las nuevas promociones de más de 600 metros a este tipo de viviendas. Pero eso produciría, en el mejor de los casos, menos de 400 nuevas unidades anuales en Barcelona, insuficientes para enjugar el déficit. Una solución real al problema sólo llegará con voluntad política y con un gran pacto entre instituciones. Otra razón para que todas ellas engrasen y mejoren sus relaciones, en lugar de dañarlas.