La Fiscalía actuará contra Torra por desobediencia
La querella se presentará el lunes ante el TSJC por no haber retirado los símbolos Los Mossos garantizan que se quitan los lazos de sedes oficiales y colegios
Los edificios de la Generalitat se quedaron ayer sin los lazos y las pancartas reivindicativas del soberanismo, tal como dispuso la Junta Electoral Central (JEC). El Govern de Quim Torra cedió y los Mossos sólo tuvieron que actuar en algunos casos para hacer cumplir la orden, pero el president verá como la próxima semana –se espera que sea el mismo lunes– se interpondrá contra él una querella por el supuesto delito de desobediencia por haber desoído las resoluciones anteriores de los jueces electorales que le ordenaban retirar los lazos amarillos, o cualquier otro símbolo que pudiera considerarse partidista, de los edificios públicos dependientes de la Administración catalana.
La decisión de actuar por la vía penal fue adoptada ayer por la Fiscalía General del Estado, en permanente comunicación con la de Catalunya, tras analizar los acuerdos tomados en la última reunión de la JEC, que llegó a atribuir a la Generalitat la intención de “burlar” sus resoluciones.
En cierto modo, la querella vuelve a ser una operación de Estado, la respuesta desde las instituciones estatales a una iniciativa de Torra recibida como un nuevo intento de desafío a un órgano constitucional con competencias muy relevantes, como la de garantizar la limpieza de las contiendas electorales. De hecho, el inicio de la acción penal se daba por hecho desde hace días si la Generalitat no cumplía con los mandatos de la Junta Electoral.
La Fiscalía tuvo los motores al ralentí mientras duró el pulso entre la Generalitat y la JEC, pero con plena conciencia de cuál sería el final de la polémica si no había rectificación por parte de Torra. Nadie se puso a redactar la querella porque el tipo penal aplicable está muy claro y porque quedaba un hilo de esperanza en que no sería preciso actuar contra el president, pero desde principios de semana se fue consolidando la percepción de que la Fiscalía acabaría viéndose abocada a actuar contra Quim Torra.
La maquinaria judicial, en todo caso, es lenta. La pena de inhabilitación –de 6 meses a 2 años– que pudiera corresponder al presidente de la Generalitat tardará muchos meses en llegar. Una vez presentada la querella ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –instancia ante la que el president está aforado–, los jueces deberán decidir si la admiten a trámite y nombrar un instructor para la investigación de los hechos.
Las causas del 9-N y del 1-O –obviamente de mayor entidad– han implicado, o están implicando no ya meses, sino años, con lo que el eventual juicio contra Torra difícilmente tendría lugar a lo largo del 2019. En ningún caso, por tanto, la posible inhabilitación del president sería una decisión que quepa tomar en breve plazo.
La presentación de la querella corresponderá a la Fiscalía de Catalunya, probablemente a su jefe, Francisco Bañeres. Pero los términos habrán sido tratados previamente con la Fiscalía del Estado. Desde el 9-N –y aunque ahora la situación es muy distinta– la Fiscalía General no le quita ojo a la evolución de las causas relacionadas con Catalunya. La fiscal general, María José Segarra, ha estado por tanto al cabo de la calle de las actuaciones realizadas desde el inicio de las tensiones entre la Generalitat y la JEC. Aunque no hay urgencia alguna para la presentación de la querella, Segarra ha pedido que su redacción esté lista lo antes posible, para que su tramitación judicial se inicie cuanto antes.
El hecho, por otra parte, es que al Gobierno no le viene mal que el inicio de la acción penal contra Torra coincida con la precampaña electoral. Es una vía de respuesta indirecta a las críticas de los partidos de la oposición por la supuesta inacción del Ejecutivo frente a sus aliados soberanistas de la moción de censura contra Mariano Rajoy. La querella, además, la presenta la Fiscalía en ejercicio de su autonomía, de modo que los perjudicados, a su vez, no pueden criticar directamente al Ejecutivo por la medida.
La iniciativa de la Junta Electoral, en suma, puede verse desde el Gobierno como una operación de coste cero que tiene la ventaja de no sumar factores de desgaste en manos de la oposición. La Fiscalía, por otro lado, ha actuado en obligada respuesta al impulso de la propia Junta Electoral, y no ante las denuncias del PP y Cs, partidos a los que los fiscales no les han concedido gran protagonismo en el conjunto del episodio. Otro dato que el Ejecutivo no ha echado en saco roto es el hecho de que los consellers de ERC retiraron ayer los lazos amarillos de las sedes de sus departamentos sin esperar a que lo hiciera el president Torra en el Palau de la Generalitat.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó a su vez ayer el papel fundamental que todo este asunto ha correspondido a la citada Junta. El Ejecutivo está “al servicio de la Junta Electoral y de sus resoluciones para que se hagan efectivas”, dijo Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo en Bruselas.
En Catalunya, el día amaneció con la incertidumbre de saber si el Govern acataría la instrucción expresa de la JEC de descolgar los lazos amarillos de las fachadas de los edificios del Govern, o bien esperaría a que los Mossos lo hicieran de oficio. Si antes de las 15 horas la simbología seguía colgada, la policía catalana tenía el encargo de actuar. Sin embargo, no tuvo que hacerlo, al menos en lo que respecta a
La acción penal se emprenderá el lunes ante el Tribunal Superior de Catalunya
Torra anuncia una querella contra la JEC y un recurso que paralice la prohibición
los edificios gubernamentales. A primera hora de la mañana los departamentos gobernadas por ERC descolgaron los símbolos. La Conselleria d’Economia empezó el movimiento de distensión retirando los lazos y luego, poco a poco, los demás departamentos fueron haciendo lo propio. Sin embargo, la atención se centró en el Palau de la Generalitat. Al mediodía el president dio la orden de descolgarla al tiempo que anunció la interposición de una querella contra la JEC por un presunto delito de prevaricación al considerar que sus resoluciones son “manifiestamente injustas” y “arbitrarias” que le exigen “hacer cosas que la ley no permite”. También anunció un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar mediante una medida cautelar la prohibición de colgar los lazos amarillos en los edificios públicos y revocar la instrucción de la JEC.
Tras el anuncio de Torra, dos funcionarios se asomaron al balcón del Palau de la Generalitat para descolgar la pancarta con los lazos de color blanco con una raya roja que el día anterior habían sustituido a los lazos amarillos en un intento fallido de superar la prohibición invocada por la junta electoral.
La retirada se produjo antes de las 15 horas y evitó que fueran los Mossos los encargados de llevarla a cabo. En ese momento, la Fiscalía anunció que la semana que viene presentaría una querella por desobediencia contra Torra y en Palau se volvió a responder con otra pancarta. “Libertad de opinión y expresión”, con un subtítulo que invoca el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Fue el último conejo que se sacó de la chistera el Govern de Torra y la JEC deberá analizar si incumple su mandato. Los Mossos, de hecho, tras advertir la presencia de una nueva pancarta realizaron una consulta a la Junta Electoral para aclarar si incumplía el mandato dictado y esperarán la respuesta, que se producirá la próxima semana. La falta de reacción inmediata sería una señal de que el nuevo cartel no ha causado preocupación.
En cualquier caso, las decisiones de retirar finalmente la simbología que se asocia al independentismo –después de varios días de un pulso interminable y de hasta tres apercibimientos de la Junta Electoral– tuvieron mucho que ver con la intención del Govern de dejar al margen a los Mossos de una nueva polémica. La policía catalana, cuya imagen está siendo seriamente cuestionada en el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas, busca abrir una etapa ajena a los escándalos y que su compromiso con las instancias judiciales esté alejado de cualquier duda. Quizás por ello, el cuerpo policial realizó una lectura amplia de la instrucción, hasta el punto que algunos de sus agentes se desplazaron a algunas escuelas para reclamar el desmantelamiento de la simbología, al interpretar que la orden de la Junta Electoral los conminaba a retirar la simbología de la totalidad de edificios públicos de la Generalitat.
Los Mossos tienen el encargo de mantener una “vigilancia permanente” sobre la presencia de los lazos en los edificios públicos. En la comunicación policial remitida a la JEC, el jefe de los Mossos, Miquel Esquius, se comprometió ayer a seguir haciendo “comprobaciones sobre la simbología, ya que “no es descartable que en algún edificio se volviera a colocar”.
SIN RESPUESTA INMEDIATA La policía catalana consulta a la JEC sobre la nueva pancarta de Palau
PARA CUMPLIR LA INSTRUCCIÓN Las conselleries de ERC quitaron los lazos antes que el resto de departamentos