Plan del Gobierno para que retornen hasta 23.000 españoles
El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un plan que contempla un paquete de medidas para incentivar el retorno de ciudadanos que abandonaron España durante la crisis económica. El Ejecutivo destinará 24,2 millones de euros para implantar el plan este año y en el 2020. Según explicó la ministra portavoz, Isabel Celaá, en un primer momento tienen previsto atender a 10.000 emigrantes, mientras que esperan ampliarlo hasta llegar a un total de 23.000 ciudadanos.
Desde el 2009, la población española en el exterior ha aumentado en casi un millón de personas.“No solo es para jóvenes, sino para otros perfiles y familias que tuvieron que salir en busca de un destino para acomodar sus economías familiares”, explicó Celaá. En opinión de la portavoz del Gobierno, se trata de una “buena iniciativa que hace justicia a esas personas que tuvieron que marcharse durante la crisis”.
Entre las medidas diseñadas con distintos ministerios, figuran la creación de una ventanilla única con información sobre el proceso, así como un servicio con “asesoramiento personalizado a empresas y particulares, a través de mediadores laborales”. Además, en el paquete de actuaciones destinadas a emigrantes han incluido las becas para investigadores Ramón y Cajal, y Juan de la Cierva. También recuerdan que los retornados que quieran establecerse por cuenta propia se pueden beneficiar de la tarifa plana de 60 euros mensuales para nuevos autónomos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó también un real decreto, que fija la gratuidad de las cuentas bancarias básicas y una tarjeta, para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. La ministra de Economía, Nadia Calviño, destacó que estaban dando un paso más para garantizar la inclusión y acceso de estas personas a servicios financieros esenciales. La situación de vulnerabilidad se evaluará en función del número de integrantes de la unidad familiar y del indicador de rentas de efectos múltiples (Iprem).
En aplicación de una directiva europea, se establece el derecho de todo ciudadano a disponer de los servicios de una cuenta de pago básica a un precio razonable –máximo tres euros–. Este tipo de cuenta permite realizar servicios bancarios como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, retirar efectivo en cajeros y hacer transferencias dentro de la Unión Europea. El coste máximo está en línea con el de otros países europeos, cubre todos los servicios mencionados, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales.