Iglesias propone quitar ayudas a la tauromaquia en lugar de prohibirla
Jaime Miquel, veterano analista electoral y desde hace unos meses asesor de presidencia del Gobierno, usaba en La perestroika de Felipe VI (2015, RBA Editores), crónica sobre el profundo cambio político post 15-M, dos imágenes para patentizar la perentoriedad de superar el “posfranquismo”, como denomina a la época 1978-2011. Una era “el fin de la España de los Castillos”. La otra era aún más elocuente, “el fin del Toro de Tordesillas”, un vaticinio cumplido al que ayer aludió Pablo Iglesias en un encuentro animalista al que acudió con uno de sus tres perros, Leona, y donde defendió un endurecimiento del Código Penal para atajar el maltrato animal.
“España no es el toro de Tordesillas”, dijo en alusión al controvertido alanceamiento centenario de la localidad vallisoletana, prohibido por la justicia. “Ni la becerrada, ni las corridas de toros”, completó el candidato a la presidencia por Unidas Podemos.
En cuanto a la tauromaquia, y sobre cuyo destino, tanto él como su secretario de organización, Pablo Echenique, han sugerido un referéndum, Iglesias, durante el peculiar acto de campaña con mascotas, defendió como la política menos intrusiva y más eficiente la de retirar las ayudas y subvenciones que hoy recibe. Según el secretario general de Podemos, no es necesario prohibir la llamada fiesta nacional, ya que la experiencia de ayuntamientos en los que gobierna Podemos apunta que, sin ayudas públicas o subvenciones, desaparece por sí misma.
La campaña de Podemos tuvo ayer otro hito peculiar unas horas después: la número dos de la formación, Irene Montero; la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra; Rafa Mayoral, y Alberto Rodríguez mantuvieron un encuentro con organizaciones juveniles en el que los jóvenes transmitieron sus principales inquietudes educativas y laborales a los candidatos de Podemos. Estos explicaron las medidas de su programa para abaratar la educación superior, atajar la precariedad juvenil –incluida, la obligatoriedad de remunerar las prácticas–, así como medidas para facilitar el regreso de los emigrados y de control de los precios del alquiler urbano, para mejorar la accesibilidad a la vivienda.