El Gobierno asegura que la devolución de las pagas extras está garantizada
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado que el retorno de las pagas extras del 2013 y el 2014 y la subida salarial a los funcionarios en Catalunya “está garantizada”.
Batet salía así al paso de las declaraciones de diversos miembros del Govern que, a la luz de lo avanzado por La Vanguardia, acusan al Gobierno central de cuestionar la devolución de parte de las pagas extra que no se llegaron a satisfacer en el 2013 y el 2014.
La ministra Batet, candidata del PSC a las elecciones del 28-A, aseguró en una rueda de prensa celebrada en la Delegación del Gobierno que el requerimiento que Gobierno central ha remitido a la Generalitat tiene el objetivo de abrir la vía de la negociación previa a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Es, aseguró Batet, “el procedimiento ordinario” para “evitar el conflicto”.
Una vez recibido el requerimiento la Generalitat y el Gobierno tienen seis meses para llegar a un acuerdo y, de no alcanzarlo, la Administración central interpondría el recurso. Batet espera que la desavenencia con la Generalitat no llegue al Constitucional.
El Gobierno considera que el decreto que regula las pagas y la actualización de los salarios de los funcionarios –fruto de un acuerdo con los sindicatos y avalado por el Parlament de Catalunya por unanimidad– incumple la regla de gasto, un problema que no sólo se ha planteado en Catalunya sino que afecta también a Galicia, Extremadura, Canarias y Asturias que, en consecuencia, tienen limitada su capacidad para actualizar los salarios.
Entre tanto el área pública de Comisiones Obreras consideró “intolerable” la amenaza planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Después de la comparecencia en la Delegación del Gobierno, Batet se reunió con representantes de CC.OO. y UGT de Catalunya, a petición de los sindicatos, para trasladarles la posición del Ejecutivo español al respecto.
Entre tanto, y en plena campaña electoral, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès y el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, lanzaron duros reproches al PSOE por esta decisión.