La Generalitat congela 15.000 viviendas en la Costa Brava
En el litoral queda espacio disponible para llegar a construir unas 35.000 edificaciones
En plena carrera para que la Costa Brava sea declarada en el 2021 reserva de la biosfera, un sello internacional concedido por la Unesco que aboga por la conservación del territorio y el desarrollo sostenible, otro debate, en este caso urbanístico, salpica el litoral de Girona. La demarcación, que tiene un potencial de crecimiento de 71.500 nuevas viviendas, de las que unas 35.000 se podrían ubicar en la franja litoral, aprobará durante el primer trimestre de 2020 el Plan Director Urbanístico (PDU) de la Costa Brava, una hoja de ruta que será mucho más restrictiva que las anteriores normativas con el desarrollo urbanístico en esta área sensible que a lo largo de 200 kilómetros une Portbou y Blanes. “Es la última oportunidad como país que teneparque mos de suprimir un modelo urbanístico que tanto daño nos ha hecho”, explica el secretario de Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, sobre el objetivo final de este plan.
Mientras no se aprueba definitivamente este documento, hace unos meses el Govern de la Generalitat suspendió las licencias para edificar en los primeros 500 metros de costa y también en segunda línea de mar, en terrenos ubicados mayoritariamente en pendientes superiores al 20%. A efectos prácticos, las dos moratorias urbanísticas suponen la paralización en la Costa Brava de más de 15.000 viviendas en suelo urbanizable, o sea, terrenos en los que todavía no existen ni los viales de acceso ni los servicios básicos de agua o luz de la urbanización.
También deja en stand by la construcción en 900 hectáreas de suelos urbanos, entre las que destacan urbanizaciones que han suscitado mucha polémica como la de Aiguafreda, en Begur, que podría acoger 260 nuevas viviendas y tres nuevos hoteles, o la de Aigua Xelida, en Tamariu (Palafrugell), que prevé la edificación de 33 chalés de lujo. Sin embargo, otras edificaciones denunciadas por los ecologistas, como los 48 apartamentos que se están construyendo en la Pineda d’en Gori de Palamós, cerca de las pintorescas barracas de pescadores de cala S’Alguer, cuyas obras van avanzando, no se han visto afectadas por la moratoria, que tiene una vigencia de un año prorrogable a dos. En la Pedrera de S’Antiga, en Begur se da la circunstancia de que los promotores tienen permiso para edificar un grupo de cinco casas, pero la moratoria ha frenado de momento una decena más de construcciones previstas. Sos Costa Brava urge que se paren las obras en marcha.
En Sa Guarda, en Cadaqués, estos días las máquinas están abriendo viales, paso previo a la construcción de 43 viviendas y un hotel. David Tibau, miembro dels Amics de la Natura de Cadaqués, pronostica que la obra, prevista en la cota más alta del municipio en el límite con el natural del Cap de Creus, supondrá un “impacto brutal” no solo porque desdibujará el skyline del municipio sino también por la afectación que pueda tener esta urbanización sobre 17 kilómetros de muros de piedra seca y los más de mil olivos que estima que desaparecerían. Pero los promotores disponen de los permisos necesarios desde que en el 2013 el proyecto, que reducía en más de 50 las viviendas previstas inicialmente, fue aprobado por el Ayuntamiento. En el caso de Sa Guarda, los promotores tienen los permisos para ejecutar la urbanización, no así para edificar, ya que las viviendas sí han quedado congeladas por la moratoria.
Mientras el Govern ultima el PDU, las entidades ecologistas presionan para que no haya “ni un palmo más de hormigón destinado a
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS Las moratorias han frenado proyectos en una quincena de municipios
NI UNA CASA MÁS
SOS Costa Brava dice que no cabe “un palmo más de hormigón para segundas residencias”
segundas residencias en el litoral”. Según cálculos de la plataforma SOS Costa Brava, constituida el pasado verano e integrada por 34 asociaciones, actualmente en el litoral de Girona hay 220.000 viviendas, de las que un 57% son segundas residencias y 35.000 inmuebles vacíos, la misma cifra que según la entidad se construirían en la Costa Brava si prosperan todos los proyectos pendientes. “Es inadmisible que por un mes de vacaciones al año se puedan continuar destruyendo bosques, campos, acantilados, conectores naturales y espacios de interés natural”, afirma el abogado de la plataforma, Eduard de Ribot. El colectivo urge a la Generalitat a “desclasificaciones masivas” del suelo que impidan que prosperen las urbanizaciones pendientes de construir y que impulse políticas de rehabilitación de inmuebles. Su portavoz, Marta Ball-llosera, pide valentía al Govern para que marque “un punto de inflexión en el urbanismo de la Costa Brava”. “Hay que anticiparse a futuros desastres, las cosas pueden ser peores”, explica el arquitecto Josep Ferrés y miembro de Salvem El Golfet.
El secretario de Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, asegura que un “porcentaje considerable” de suelos que todavía no tienen ni viales ni servicios construidos se desclasificará, lo que evitará la construcción de futuras urbanizaciones. Sin embargo, ve difícil que esto ocurra en solares situados en suelos urbanos donde se optará por otras herramientas como la reducción de la superficie a edificar o la inclusión de mejoras paisajísticas. Aun así, el Govern no descarta la posibilidad de comprar fincas afectadas por la moratoria a través de organismos com el Incasòl o de indemnizar a los propietarios que tienen derechos adquiridos, aunque “intentaremos que sean los menos posibles”, afirma Serra.
Mientras los ecologistas presionan para que no se construya más en la Costa Brava, los constructores y promotores defienden sus intereses. El sector reconoce que la moratoria ha reducido la actividad y está generando “intranquilidad y confusiones” especialmente entre el turismo internacional interesado en la compra de propiedades en la Costa Brava. “Están alarmados, les llegan mensajes contradictorios que no saben interpretar y los pocos que han comprado están valorando en deshacer la operación”, afirma el secretario general técnico de la Associació de Promotors de Catalunya, Josep Donés, que lamenta también el golpe que la suspensión de licencias supone para pequeñas empresas locales del sector de la construcción. “La presión para paralizar todo aquello que ya tiene licencia genera mucha preocupación a las empresas” dice.
Los alcaldes de los municipios afectados por la moratoria se sienten entre la espada y la pared. “Por una parte, los ecologistas no quieren ni una casa más y, por otra, los propietarios con derechos adquiridos quieren construir”, afirma Joan Manuel Loureiro (ERC), alcalde de Begur, municipio que tiene cerca del 80% de su término municipal bajo la moratoria. Loureiro asegura que los proyectos que salpican al municipio son herencia de anteriores mandatos. El alcalde de Cadaqués, Josep Lloret (ERC), lamenta que anteriores normativas como el Pla Director del Sistema Costaner aprobado en el 2006 no hubiesen sido más restrictivas con el urbanismo en la Costa Brava.
INTRANQUILIDAD
Los promotores dicen que la moratoria provoca confusión entre los compradores
DOCUMENTO AMBICIOSO
El Govern asegura que un “porcentaje considerable” de suelo se desclasificará