Comisarios a examen
El Parlamento Europeo inicia el escrutinio a los 26 candidatos a ingresar en el ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen
Los candidatos a formar parte del ejecutivo europeo a las órdenes de Ursula von der Leyen han iniciado su particular examen ante el Parlamento Europeo, que deberá verificar si son apropiados para ocupar los cargos a que aspiran.
Ha empezado el examen de los comisarios. El Parlamento Europeo ha fijado las fechas de las audiencias a que someterá a los candidatos a convertirse en miembros del ejecutivo de Ursula von der Leyen, que se alargarán del 30 de septiembre al 8 de octubre, y que, según los precedentes, es un test que siempre se cobra alguna víctima.
De entrada, a 10 comisarios, al español Josep Borrell y a nueve más, ayer la comisión de Justicia les pidió información adicional sobre la declaración de intereses presentada. En el caso de Borrell preocupan las acciones que posee de algunas empresas y su pertenencia a consejos de administración. Peticiones similares se enviaron a los comisarios de Francia, Bélgica, Polonia, Austria y Rumanía, entre otros.
El examen de la declaración de intereses es sólo el primer paso, la auténtica prueba de fuego son las audiencias ante las comisiones parlamentarias. Allí, la francesa Sylvie Goulard y el polaco Janusz Wojciechowski tendrán que dar explicaciones sobre el uso de fondos europeos en su etapa de eurodiputados. Los dos tienen investigaciones abiertas por OLAF, la oficina antifraude europea. A la rumana Rovana Plumb se la interrogará por una investigación sobre corrupción que se cerró porque el Parlamento de su país no levantó su inmunidad, y el húngaro Laszlo Trocsanyi levanta sospechas por su pasado como ministro de Justicia en el gobierno de Viktor Orbán. Respecto al belga Didier Reynders, tendrá que responder por una investigación por acusaciones de corrupción presentadas por un antiguo agente de los servicios de información de Bélgica. Por otro lado, la portuguesa Elisa Ferreira, que controlará la política regional, ha consultado a los servicios de la Comisión Europea si el cargo de su marido, responsable de una entidad que distribuye fondos regionales, puede suponer un conflicto de intereses.
Por su parte, el español Josep Borrell tendrá que dar explicaciones sobre el caso Abengoa, la multa que tuvo que pagar el año pasado por uso de información privilegiada, y su abandono anticipado en el 2012 de la presidencia del Instituto Europeo de Florencia, por conflicto de intereses. Probablemente, le tocará también responder preguntas sobre algunas de las declaraciones polémicas que ha formulado como ministro de Exteriores.
A Borrell le tocará pagar el mal trago que pasó el actual comisario español, el popular Miguel Arias Cañete, en su audiencia hace 5 años. Acusado de comentarios desafortunados sobre las mujeres, por los que pidió disculpas, y de conflicto de intereses por su participación en dos petroleras, su interrogatorio fue duro. Le salvó un pacto de no agresión entre populares y socialistas europeos. Cañete pasaba el examen y, a cambio, el socialista francés, Pierre Moscovici, también aprobaría. Entre los diputados del PSOE que más abiertamente se pronunciaron en contra de Arias Cañete estaba la actual presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García.
“La actitud del PSOE con Arias Cañete fue injusta y desleal”, dicen fuentes del PP, sin avanzar su posición sobre Borrell e indican que “escucharemos sus posiciones y explicaciones en su audiencia”. Pablo Casado afirmó el 11 de septiembre en el Congreso respecto a Borrell que “no seremos tan desleales como fueron ustedes con Cañete”.
Si los comisarios que acaben en serias dificultades pertenecen a distintas familias políticas es factible que se repita otro pacto similar al de Arias Cañete-moscovici, un acuerdo de no agresión. En todo caso, y salvo que sea una situación flagrante, es difícil que un grupo parlamentario de los grandes deje caer uno de los suyos sin intentar cobrarse una víctima de los rivales.
Piden información adicional sobre la declaración de bienes a Josep Borrell y a nueve comisarios más