El cuento de la lechera
Existe una emergencia climática y es urgente tomar medidas para paliarla o intentar frenarla. En esta lucha las ciudades tienen mucho que decir y por decidir. Barcelona ha presentado esta semana la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la que pretende inicialmente sacar de las calles a 50.000 vehículos. Una cifra muy ambiciosa que en cuatro años debe comportar que unos 125.000 dejen de circular por la capital catalana y el área de influencia de Esplugues de Llobregat, l’hospitalet, Sant Adrià y Cornellà. Es una buena iniciativa para empezar a cambiar las cosas, mejorar la salud de los ciudadanos y convertir las ciudades en espacios más habitables y amables. Sobre esto no hay discusión, pero la nueva ordenanza genera serias dudas acerca de su efectividad. No sólo porque únicamente se haya planificado para cinco municipios y haya dejado al margen al resto del área metropolitana, sino también porque no sé si estos cálculos al final se harán realidad o no son más que una nueva intervención cosmética de poco recorrido.
Barcelona y su área metropolitana, a diferencia de las grandes urbes europeas que también están aplicando restricciones al tráfico, tienen una red de transporte deficiente y si se quieren menos coches en las calles se deben ofrecer alternativas a los ciudadanos. Por eso, la pregunta que impera cuando se quiere prohibir y sancionar a los vehículos contaminantes es qué tipo de
La contaminación disminuirá cuando se mejore de una vez por todas la actual red de transporte público
opciones se está dando al ciudadano para dejar el coche en casa. La ordenanza tendrá éxito si viene acompañada de un plan de mejora del actual sistema de transporte colectivo. Esto también es urgente. ¿Dónde está la L9, el carril BUS-VAO de la B-23, la T-mobilitat, la famosa prolongación de la L3 por el Baix Llobregat, los park&ride, las inversiones en Rodalies...? La lista de proyectos prometidos y que duermen en un cajón es mucho más larga, y si estas infraestructuras estuvieran en funcionamiento, la futura normativa no perjudicaría a aquellos que no tienen alternativa y a los que no se les permitirá utilizar su vehículo privado. Sin olvidar que muchos de estos conductores no pueden cambiar de coche por falta de recursos, por lo que se puede decir que la ordenanza perjudica a los que menos tienen.
Las administraciones prevén que en la zona afectada –que, vuelvo a repetir, no es toda el área metropolitana– el transporte público reciba 140.000 viajes más al día. ¿De verdad? ¿Alguno de los responsables políticos ha intentado coger un autobús interurbano a primera hora de la mañana y ha visto cómo ha pasado de largo porque no cabía nadie más o ha tratado de entrar a última hora en la estación de metro de la L1 en Glòries sin tener que hacer cola en la calle? Parece que no. Son necesarias inversiones, pero a las puertas de unas nuevas elecciones, sin alcanzar por ahora un acuerdo para los presupuestos de la Generalitat y a la espera de lo que pueda pasar con las cuentas municipales, las aportaciones económicas se antojan una quimera, y los cálculos de reducción del tráfico privado en Barcelona se asemejan al cuento de la lechera.