Después de la sentencia
Un hecho despertaba el interés de los medios durante las últimas semanas: dedicaban más atención a una segura reacción popular tras la sentencia que a la propia sentencia en sí. Es lógico en parte, dado que no se conocía el contenido de esta mientras que abundaban las noticias sobre el tsunami que provocaría la decisión judicial, salvo que fuese absolutoria. Pero hay también otra razón: el debate sobre el futuro de Catalunya se ha llevado desde hace ya tiempo a la calle. Ello se debe a que, en Catalunya y desde el año 2012, buena parte del poder político está en la calle. Y la calle ha prevalecido sobre las instituciones. Un Govern inane y un Parlament estéril han dejado el campo abierto a asociaciones ciudadanas y a grupos cortejados y azuzados por un poder institucional debilitado. En resumen, la calle ha prevalecido y prevalece sobre las instituciones catalanas y, más aún, sobre las españolas, a las que los independentistas y asimilados no conceden ni el beneficio de la duda.
Así las cosas, es decir, en la situación de desgobierno y de ausencia de liderazgo que padece Catalunya, ha pasado lo que tenía que pasar. La sentencia del Tribunal Supremo por los hechos de otoño del 2017 ha sido recibida con violencia azuzada en las calles y rechazo taimado por las instituciones. Dejando apuntada esta reacción ritual, concreto mi opinión sobre el tema en los siguientes términos:
1) La sentencia ha de ser acatada y respetada por una razón básica: España es un Estado de derecho y una democracia consolidada que hay que preservar y cultivar. Y para ello, además de votar periódicamente, es preciso cumplir las leyes y respetar las instituciones; porque, si una mayoría amplia de ciudadanos no respeta las instituciones, ¿quién las respetará?
2) Además de haber observado un procedimiento legalista y garantista hasta el extremo, seguido con una publicidad y transparencia inusuales, esta sentencia es prudente por dos razones esenciales: a) Ha rechazado la calificación por rebelión, optando por la de sedición, al sostener que no se dio en los hechos la violencia exigida para aquella. b) Ha rechazado la petición del ministerio fiscal, al no exigir el cumplimiento de al menos la mitad de la condena para acceder al beneficio penitenciario del tercer grado. Este último punto reviste para mí una especial importancia, al poder ser interpretado en el sentido de que constituye una especie de “devolución a la Administración” –a la administración penitenciaria– de un asunto que nunca debiera haberse judicializado, si los políticos –todos ellos– hubiesen hecho su tarea de resolver políticamente los conflictos políticos. Porque se ha llegado a esta sentencia, no porque el poder judicial se inmiscuyese por iniciativa propia, sino para cubrir, en defensa del Estado, un vacío dejado por el Gobierno. El poder judicial es un poder subsidiario y reactivo. Por eso, en un momento tremendo de indefensión del Estado por incomparecencia del poder ejecutivo, dicha defensa fue asumida por un juez instructor, primero, y por el Tribunal Supremo, después. Han hecho su trabajo con discreción y aseo. Un trabajo que nunca debió llegar a ellos.
3) La sentencia será recurrida sucesivamente ante el propio Tribunal Supremo (incidente de nulidad), el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo. Sus resoluciones deberán ser también acatadas y cumplidas. Pero no deben esperarse con el espíritu pesimista y autoflagelatorio tan típico de los españoles, sino con la convicción de que nuestros jueces y tribunales han observado la ley y han resuelto con independencia.
4) La sentencia no puede resolver el conflicto político generado desde hace ya años por el radicalismo desbocado de unos, la inacción cobarde de otros, y la inepcia y el egoísmo de todos. A lo único que puede aspirar la sentencia es a reparar el orden jurídico vulnerado. Lo que prueba que el problema en cuyo seno tuvieron lugar los hechos juzgados es un problema político muy grave enquistado en toda la sociedad española, con especial incidencia en la catalana. Un problema que parece no tener solución a corto plazo, y cuyos efectos ya se sienten en términos de desestabilización para toda España y de fractura social, erosión económica y pérdida de oportunidades para Cataluña.
Ante esta situación, sólo cabe esperar que, pasado un tiempo, los ciudadanos perciban el alcance de los perjuicios que este enfrentamiento les irroga y acepten una transacción ahora imposible. Aunque es cierto que, si apareciese un líder con coraje para decir la verdad, este plazo podría abreviarse. Pero, ¿dónde está este líder?
En medio del desgobierno y la ausencia de liderazgo que sufre Catalunya, ha pasado
lo que tenía que pasar