Contra la barbarie

El corte de la autopista que une España y Francia, iniciado el lunes, terminó ayer. Los incidentes se propagaron a la nacional II, a un tramo inferior de la AP-7 vecino a Salt, y a esta población, que ayer sufrió los desmanes de radicales independentistas. Transportistas –cada día atraviesan la frontera 20.000 camiones–, repartidores y otros profesionales, también particulares, han sido las víctimas inocentes e involuntarias de estos altercados, organizados por el Tsunami Democràtic –que los calificó de “éxito absoluto”– y en los que han participado los CDR levantando barricadas en la autopista con ramaje arrancado a tal efecto, sembrándola de cristales rotos, incendiando neumáticos o vandalizando el mobiliario.

Los camioneros que han realizado un trayecto de dos días en cuatro, los comerciantes de El Pertús que han pasado dos jornadas casi sin ventas, las personas de edad avanzada o enfermas que se han visto atrapadas largas horas en un turismo, aquellos que faltaron a sus compromisos, los que se quedaron sin la asistencia que precisaban con urgencia... La lista de damnificados por el corte de la autopista es larga. Pero esta alteración, además de afectar directamente a muchos ciudadanos, incide también sobre el conjunto de la economía del país. Catalunya sufrió ya, a raíz de los hechos de septiembre del 2017 en el Parlament, el traslado de la sede de miles de empresas, entre ellas los dos principales bancos del país, que ante la incertidumbre local buscaron en otros lugares de España las garantías operativas y jurídicas que aquí se les negaban. Esta semana, la inquietud ha alcanzado a dos industrias automovilísticas: Seat, la primera firma catalana (con una facturación, el año pasado, de 10.202 millones de euros), y Nissan, la segunda del sector (2.662 millones).

Anteayer Luca De Meo, presidente de Seat, lanzó una advertencia que no debe pasar inadvertida: “La imagen que estamos proyectando al exterior seguro que no ayuda a los inversores a apostar por Catalunya”. Y añadió: “Hasta que esta discusión impacte en la operativa de nuestro negocio no tenemos nada que decir”. ¿Qué significa “hasta que impacte en nuestro negocio”? Quizás los sindicatos se hicieron la misma pregunta. Y quizás por ello el comité de empresa de Seat ha pedido a Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, y a Chakir el Homrani, conseller de Treball, que viajen cuanto antes a Alemania para entrevistarse con los directivos del grupo Volkswagen, propietario de Seat. Precisamente ayer, Àngels Chacón, consellera de Empresa i Coneixement, se entrevistó en Yokohama (Japón) con directivos de la central de Nissan, una firma ciertamente afectada por una larga crisis industrial, pero también sensible a la situación en Catalunya. Y tres de cada diez empresas británicas con intereses en España, según una reciente encuesta, han considerado una localización diferente a la de Catalunya debido a la inestabilidad política.

Estos hechos nos indican que la situación en Catalunya ha llegado a un nivel de desorden que aconseja a ciertos mandatarios viajar y entrevistarse con los directivos de multinacionales con intereses en Catalunya. Es de suponer que con un mensaje tranquilizador, para asegurarles que los disturbios no les afectarán. Antes no eran necesarios tales desplazamientos. Ni había que temer, caso de no hacerlos, que tales multinacionales llegaran a desconfiar de Catalunya y pudieran tomar decisiones perjudiciales para los trabajadores catalanes. Seat emplea a más de 14.000 personas en Catalunya (en sus instalaciones de Martorell, El Prat y la Zona Franca), sin contar los puestos de trabajo de las industrias auxiliares de la automoción. Nissan emplea a 3.400 en sus tres centros aquí.

Los daños que están produciendo a la economía catalana las protestas relacionadas con el procés, primero, y ahora con la sentencia del Tribunal Supremo son ya desmesurados. Pero quienes las impulsan quieren más. La nota publicada ayer por los CDR es elocuente. En ella se felicitan por haber “roto la normalidad” al colapsar “grandes vías de comunicación”, generando “grandes pérdidas económicas en sólo dos días”. Produce estupor que alguien pueda alegrarse de tales logros, que más pronto que tarde repercutirán negativamente sobre el conjunto de los catalanes.

Además de calificar de “rehenes” a detenidos o a presos ya sentenciados, y de afirmar, falazmente, que no hay libertad de expresión en Catalunya, la nota de los CDR anuncia que si no se satisfacen sus exigencias, por cierto ajenas a la ley que rige nuestra democracia, “habrá caos”. Y remata la faena con un lema de regusto totalitario: “Independencia o barbarie”.

Digamos en primer lugar que el caos no casa con la democracia. Y en segundo, que conviene aclarar a quién debe atribuirse la barbarie. Porque el president Torra galleó recientemente al decir que el 1-O del 2017 “la sociedad catalana plantó cara a la barbarie” del Estado español. Pero, vistas las imágenes de las noches barcelonesas incendiadas en octubre, o las de los CDR que hasta ayer estuvieron asaltando la autopista o Salt, diríamos que la barbarie tiene su expresión más evidente entre los radicales independentistas. Estamos contra la barbarie. Contra los agitadores consentidos que creen que todo les está permitido. Que vanamente dicen atacar al Estado cuando lo que hacen es atacar a los ciudadanos de Catalunya. Y que poco a poco van minando la fortaleza y el prestigio del país, ahuyentando inversiones, empobreciéndonos a todos. El argumento de que Catalunya va a progresar autolesionándose es una estupidez de tomo y lomo.

Por desgracia, esos radicales que impiden la libre circulación en distintos puntos del país lucen las mismas siglas que aquellos a los que el presidente de la Generalitat animó a seguir “apretando”. Durante la sesión de control en el Parlament, dando nuevas pruebas de su dudosa idoneidad para el cargo, Torra evitó ayer condenar los incidentes de la autopista y reivindicó el derecho a la protesta, sugiriendo, como de costumbre, que toda la culpa es de España. Su vicepresidente, Pere Aragonès, dijo que no había que aflojar en las manifestaciones pacíficas. Y el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, restó importancia a los cortes de carreteras, señalando que “los peores cortes no son los puntuales, sino los estructurales, como el déficit crónico de inversión en infraestructuras”. De nuevo, un argumento absurdo. ¿Es así, con su impasibilidad ante los desmanes, como las autoridades catalanas esperan enderezar la situación? ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los catalanes de su actitud? Es un hecho que la inversión estatal en Catalunya debería incrementarse, y así lo hemos sostenido reiteradamente. Pero ¿qué avance se logra cuando se daña un poco más y adrede la economía del país, poniendo en jaque sus infraestructuras y perjudicando a sus ciudadanos? Unos cientos de activistas no bastarían para alterar gravemente el país si quienes gobiernan la Generalitat hicieran lo que están obligados a hacer: impedirlo. Al comportarse así, faltando al conjunto de los catalanes, cometen un error. Un error que puede agravar sus consecuencias, y mucho, si se producen hechos irreparables. Anteayer volvimos a rozarlos, cuando un camionero exasperado estuvo en un tris de arrollar a manifestantes. Las autoridades catalanas creen que es posible jugar con dos barajas. Pero lo que están haciendo es jugar con fuego. Y el fuego puede quemarnos a todos.

Los desmanes de los radicales no son una expresión de democracia, sino de barbarie

¿Qué avance se logra cuando se daña un poco más y adrede la economía del país?

Las autoridades catalanas creen posible jugar con dos barajas, pero están jugando con fuego