Joan Canadell
Presidente Cambra de Barcelona
La Cambra de Comerç de Barcelona evitó ayer condenar los múltiples cortes de carreteras provocados por Tsunami y CDR. A pesar de admitir su grave coste económico, aseguró que entiende una movilización que considera “legítima”.
El Govern no quiere quedar atrapado en los cortes de carreteras del Tsunami Democràtic. En este sentido, ayer echó balones fuera para evitar condenar las acciones que estos últimos días han taponado diversas arterias principales del territorio. El punto de fuga, que compartieron el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, fue la relación entre Catalunya y el resto del Estado. “No miren al dedo, miren a la luna. ¿Cuál es el problema en Catalunya? Continúa siendo el conflicto político”, argumentó Torra. “En este país se garantiza la seguridad, la libre circulación de personas y bienes, pero también el derecho a la protesta”, defendió el jefe del Govern ante las duras críticas de Cs y PSC, que le recordaron que era presidente de la Generalitat, “no de la ANC”.
Pese a ello, el Parlament –con los votos en contra de Jxcat, ERC y la CUP– rechazó las cuatro peticiones de la oposición para que Torra compareciera por sus presuntos vínculos con los Comitès de Defensa de la República (CDR).
El argumentario de Torra ya lo había trazado minutos antes el conseller Puigneró al sostener que “los peores cortes de carreteras no son los puntuales”, en referencia a las protestas contra la sentencia de estos días, sino “los estructurales, el déficit crónico en inversiones e infraestructuras”. Para ejemplarizarlo afeó los aspavientos porque se corte un día el aeropuerto de El Prat o el AVE en Girona mientras se obvia “que Barajas recibe el doble o el triple de inversión o no se avanza con el corredor mediterráneo”. En cualquier caso, Puigneró aseguró que les “ocupan y preocupan” las protestas y señaló que para que cesen se debe recuperar el diálogo Estado-generalitat. “Nosotros también queremos que se acaben estas protestas y, para ello, en primer lugar se debería reconocer que el origen yace en un conflicto político entre Catalunya y España que se tiene que afrontar con el sit and talk (sentarse y hablar)”, arguyó.
También trató de hacer equilibrios la Cambra de Comerç de Barcelona, presidida por Joan Canadell –de la candidatura independentista Eines de País–. Por un lado, la entidad admitió que “los cortes en infraestructuras provocan graves perjuicios económicos tanto en Catalunya como en el Estado y Europa”, por lo que expresó su “preocupación” y manifestó su “apoyo y solidaridad con todas las empresas y autónomos afectados”. Sin embargo, por el otro, la Cambra recalcó que “entiende” esta movilización como reacción “no deseada, pero legítima” a la “negativa del Gobierno a negociar una solución política al conflicto innegable que vive Catalunya”. Además, del mismo modo que el Ejecutivo catalán, la Cambra aseguró que “los perjuicios son claramente inferiores a los causados por la falta de inversión del Estado en otras infraestructuras” de Catalunya.
Que la cuestión catalana es un problema político también quiso dejarlo claro Torra al responder ayer a la presidenta del grupo de los comunes, Jéssica Albiach. El jefe del Govern evitó pronunciarse sobre una posible abstención para que fructifique el preacuerdo entre el PSOE y Podemos para formar gobierno, pero aprovechó la ocasión para emplazar a los comunes a apoyar desde el futuro Consejo de Ministros la libertad de los condenados por el 1-O y el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Torra emplaza a los comunes a defender desde el Consejo de Ministros el derecho a la autodeterminación