La justicia
Se acumulan los informes sobre la mala salud de la independencia judicial española, mientras arrecian las posibilidades de severos fracasos en los juzgados internacionales donde se avistan euroórdenes fallidas y actas de eurodiputados reconocidas. Nuevamente, pues, el Estado español saca una nota pésima en el necesario equilibrio de poderes del Estado de derecho: la garantía de que el poder judicial actúa con independencia del poder político. Es decir, no lo garantiza.
Las últimas noticias han caído por acumulación: Sánchez alardeando de dominio de la Fiscalía General; la policía británica no aceptando la euroorden de Ponsatí por “desproporcionada” y rectificando con premura, después de la pertinente presión política; los síntomas de la probable negativa de aceptar las euroórdenes en Bélgica y el Reino Unido; el bofetón contra Marchena por parte del abogado general de la Unión Europea, que no sólo considera que la condición de eurodiputado emana del sufragio universal, y no de formalismos posteriores, sino que riñe abiertamente al TS por haber sentenciado al vicepresident Junqueras sin esperar la resolución sobre su inmunidad, y, last but not least, el durísimo informe del Consejo de Europa sobre la “politización” de la justicia española. Y todo ello en la última semana, sumado al resto de informes y fracasos que ya ha acumulado la judicatura española cuando se enfrenta a la mirada internacional. De ahí que en los despachos del Supremo empiecen a estudiar qué harán con el president Puigdemont cuando consiga la inmunidad como eurodiputado, ya que parece que España lo tiene crudo para impedirlo.
Por mucho blanqueo, pues, que se intente de la imagen de la democracia española, por obra y gracia de los millones de euros que dedica el Estado, no parece que se consiga limpiar las manchas. España tiene un enorme problema con la politización de la justicia, y de ahí emanan los cien años de cárcel contra los líderes catalanes. Lo dijo en el FAQS de TV3 el exjuez Ramiro García de Dios, compañero tanto de Marchena como de Marlaska: “He estudiado a fondo la sentencia del procés y es la música jurídica a la letra del ‘a por ellos’”. Es decir, el vestido jurídico adecuado para justificar el relato político. Y habría ido bien la cosa si no fuera porque el exilio catalán y las elecciones europeas han puesto bajo foco internacional los abusos españoles denunciados, y es ahí donde caen las justificaciones. Lo dijo Puigdemont hace años, y lo validan los hechos: cuando la liga no se juega en Madrid, sino en Bruselas, España pierde todos los partidos.
¿Qué hará el Supremo si Puigdemont consigue la inmunidad como eurodiputado?