Los que pagan y sufren la protesta
Dos semanas y dos días dura el campamento de la plaza Universitat de Barcelona, una ocupación del espacio público que invoca el derecho –legítimo– de manifestación pero que, a la vista de los acontecimientos, guarda más relación con un supuesto derecho que ni existe ni es propio de una sociedad democrática: “Las calles serán siempre nuestras”. Las calles son de todos, para empezar, y especialmente de los vecinos que las habitan, cuyo parecer merece siempre ser escuchado. Así sucede cuando hay reformas o cambios en un barrio determinado, una participación vecinal muy anhelada y fomentada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La ocupación con carácter indefinido de la plaza Universitat en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo –entre otras cosas, porque la lista de agravios es amplia– provoca serios inconvenientes a los vecinos, afectados por los cortes de circulación en el perímetro de la zona y otros inconvenientes tangibles. El sentir del vecindario –en el que hay muchos comerciantes que bastante tienen con la supervivencia de sus negocios– se ha decantado y puede ya resumirse en una palabra: hartazgo. Y no digamos de los miles de ciudadanos que, día tras día, tardan más tiempo en desplazarse por Barcelona dada la afectación que sufre la red de autobuses. En total, el cálculo de afectados en su movilidad diaria asciende a más de 100.000 personas. A buen seguro, muchas de ellas simpatizan con las protestas, lo que no evita un sentir creciente y cada vez más amplio de que Barcelona está sufriendo más de la cuenta los inconvenientes de unas acciones impuestas por minorías y ejercidas desde el convencimiento de que el derecho a manifestarse no tiene ningún límite, ni siquiera el de la proporcionalidad, el sentido común o la empatía con los perjudicados.
Ha calado un sentimiento muy peligroso de que “cuanto peor, mejor”, alentado irresponsablemente por las palabras y los silencios de las administraciones públicas. ¿Concederían este trato de favor a colectivos indignados que decidiesen ocupar a su antojo los espacios públicos de forma indefinida o cortar grandes vías de Barcelona, caso de la Meridiana, como el que baja cada tarde a tomarse un café con los amigos? La inacción de las administraciones es una gran irresponsabilidad porque alienta que los damnificados terminen tomándose la justicia por su mano. Ni el Ayuntamiento de Barcelona ni la Generalitat pueden seguir haciendo la vista gorda ante una ocupación de la vía pública cada vez más fuera de medida. El caso de la plaza Universitat es muy representativo de un estado de las cosas que se degrada. Urge persuadir a los acampados de que abandonen las pretensiones de quedarse indefinidamente alterando la convivencia en el barrio.
La inacción pública en Barcelona es grave: alienta que los afectados se tomen la justicia por su mano