Colau y su alergia al desalojo
Hoy se cumplen 17 días de la acampada de protesta en la plaza Universitat y del consiguiente corte de circulación en el tramo central de la Gran Via de Barcelona, una de las arterias más importantes de la ciudad. La acampada no es numerosa y, desde el fin de semana pasado, sólo queda una escisión de los convocantes que forman una amalgama de colectivos que no sólo son contrarios a la sentencia del procés sino que reivindican todo tipo de cuestiones sociales, laborales y políticas. Sus participantes que ayer quedaron pasados por agua debido a la lluvia, son cada vez más escasos pero generan un enorme efecto en la cotidianidad ciudadana. Nadie sabe cuánto durará esta acampada y tampoco hay un plan de las administraciones sobre qué hacer con esta protesta que va camino de cronificarse.
Sectores comerciales y económicos, del transporte público, vecinos y conductores han trasladado al Ayuntamiento de Barcelona su preocupación ante esta situación que perjudica a sus negocios, a la movilidad de los ciudadanos y, a la postre, a la imagen de la ciudad. En el Consistorio se ha impuesto la discreción ante esta crisis y en la Generalitat se alega que la solución es cosa del Ayuntamiento.
¿Y qué dice la alcaldesa de todo esto? Mucho en privado y poco en público. Esta semana Ada Colau está en Durban (Sudáfrica) donde participa en el congreso de la CGLU, la red mundial de ciudades de la que es copresidenta. Colau dejó claro desde el inicio de la acampada que no ordenaría a la Guardia Urbana el desalojo de la plaza Universitat, a pesar de que sus técnicos en seguridad aconsejaron hacerlo en las primeras horas de la protesta para evitar su cronificación, como así ha sucedido. Pero la alcaldesa fue taxativa con este asunto. No quería que un desalojo perjudicara las pesimistas expectativas electorales de su partido dado que la protesta empezó al inicio de la campaña del 10-N y días después de que Colau fuera muy crítica con la actuación policial durante los graves disturbios que sufrió Barcelona tras la sentencia del Tribunal Supremo. Además, la alcaldesa está en plena negociación de los presupuestos municipales y necesita el apoyo de ERC. Una actuación contundente contra los acampados en la plaza podría perjudicar ese objetivo.
Por eso, sus órdenes ante la acampada de Universitat han sido claras: mediar para que la protesta se desarrolle de forma pacífica y delimitada en el espacio, arbitrar las medidas de desvíos de tráfico, minimizar el impacto en el transporte público, y, sobre todo, evitar imágenes de un desalojo policial. Colau advirtió antes de subirse al avión con destino a Durban que no se le ocurriera a nadie realizar ninguna actuación hasta que volviera.
A los Comunes les gustan mucho más las acampadas que la policía. No en vano esta formación política es hija del movimiento del 15-M que tuvo en la acampada de la plaza Catalunya del 2011 su expresión pública más notoria. Tienen muy grabado en el recuerdo el contundente intento de desalojo de aquella protesta que protagonizaron los Mossos d’esquadra, bajo el mando del entonces conseller Felip Puig. Aquella operación se saldó con más de 100 heridos y desencadenó un gran revuelo político que propició el retorno de los acampados. La protesta se mantuvo 45 días en el corazón de la ciudad hasta que los manifestantes se marcharon por voluntad propia.
Tampoco hay que olvidar que poco antes de entrar en el gobierno municipal en el 2015, Colau y sus compañeros de Bcomú vertieron críticas muy duras contra las actuaciones de la policía local porque, seguramente, no esperaban encontrarse tan pronto con que su lideresa se convertiría en la comandante en jefe de los 3.000 urbanos de Barcelona. Esta circunstancia explica la complicada relación que los Comunes han tenido con la Guardia Urbana que derivó en una indisimulada desconfianza entre la tropa y su general. La nueva legislatura y la entrada del PSC en el gobierno municipal ha supuesto una forma distinta de gestionar la seguridad y el espacio público en la que muchos sectores de la ciudad tenían puestas muchas esperanzas. El arranque del mandato ha respondido a esa expectativa con la retirada de los cientos de top manta de las calles, entre otras actuaciones. La política del PSC en esta materia no ha sido del agrado de los comunes pero han sabido lavar la ropa de la discrepancia dentro del gobierno de coalición. Ahora también existen diferencias internas en torno a la resolución de la acampada de plaza Universitat. Esta vez son los socialistas los que están descontentos y los que aconsejaron el desalojo desde
Comunes y PSC discrepan sobre cómo actuar ante la acampada y esperarán a que Colau regrese de Sudáfrica
el primer momento del inicio de esta protesta. Pero el jefe de filas del PSC, Jaume Collboni, y su teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, con larga experiencia en estas lides, se mantienen leales a la instrucción de la alcaldesa, aunque reconocen en privado que la situación no se debe eternizar y son partidarios de actuar. No obstante, han acordado esperar a que Colau vuelva el domingo de Sudáfrica para tomar una decisión que podría llegar la semana que viene aprovechando que quedan muy pocos manifestantes (hay entre 140 y 170 tiendas de campaña pero sólo unas treinta personas pasan la noche en la plaza, según datos policiales).
Mientras tanto, los ciudadanos han demostrado tener mucha paciencia y capacidad de sufrir todos los inconvenientes diarios de esta protesta que ya supera en tiempo a la de los taxistas de enero que también ocupó el tramo central de la Gran Via.
¿Hasta cuándo podrá aguantar Barcelona esta situación?