Jeanine Áñez
Presidenta interina de Bolivia
Ocho partidarios de Evo Morales han muerto en Cochabamba a manos de la policía después de que las nuevas autoridades bolivianas ordenaran reprimir con mayor contundencia las protestas pacíficas de los indígenas y cocaleros.
La muerte de al menos nueve seguidores de Evo Morales en batallas campales entre campesinos, la policía y el ejército el viernes ha elevado todavía más la tensión en Bolivia, una semana después de la renuncia del presidente indígena. Los jefes policiales negaron el uso de armas de fuego contra los campesinos de la zona de producción cocalera de Chapare que se dirigían hacia Cochabamba el viernes para luego trasladarse a La Paz. Pero todo indica que la dura actuación de las fuerzas del orden en Cochabamba calificada como “desproporcionada” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responde a una decisión gubernamental de responder con contundencia al partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
La violencia policial se produjo después de reuniones entre los altos mandos del ejército y el nuevo Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, mantenidas con el fin de “pacificar el país”. Áñez anunció el viernes que ha dado luz verde a operaciones conjuntas de la policía y el ejército y firmó un decreto que decreto que exime de responsabilidades penales a los militares.
El Gobierno acusa al MAS de hacer uso de la violencia para desestabilizar el proceso electoral, y ha denunciado la presunta presencia de infiltrados extranjeros armados en las manifestaciones. La policía de Cochabamba utilizó la misma línea de defensa ayer al sugerir que los muertos pueden ser victimas de fuego amigo ya que tienen heridas por la espalda. Otros 26 campesinos del sector de la coca resultaron heridos dos de ellos con graves lesiones en la cabeza y se encuentran en estado crítico.
Más allá del discurso gubernamental, la realidad es que un segmento importante aunque minoritario de la población boliviana no reconoce la legitimidad del Gobierno de Áñez. Entre ellos, se incluyen los llamados cocaleros de Chapare, la base de apoyo más solida de Morales, que inició su carrera política hace 30 años al frente del sindicato cocalero. Desde su asilo en México, Morales pidió que las Fuerzas Armadas “paren la masacre”.
Los cocaleros pretendían unirse a los indígenas aimara de la ciudad de El Alto , colindante a La Paz, que protestan a diario contra lo que consideran un golpe de Estado contra Morales. El viernes se produjeron batallas campales en los alrededores de la plaza Murillo de La Paz, a escasos metros del palacio presidencial. Miles de indígenas de El Alto habían ocupado las calles colindantes a la plaza, donde permanecieron sentados, muchos mascando hojas de coca para elevar sus poderes de resistencia. “Este es un golpe de Estado hecho por Estados Unidos ”, dijo un indígena que bajaba hacia la plaza San Francisco.
El Gobierno interino –integrado por ministros aliados del ultraderechista Luis Fernando Camacho– insiste en que su acometido es de “perfil técnico” para allanar el camino para elecciones en un plazo de 90 días.
Eva Copa, presidenta del Senado, anunció que el próximo martes se celebrará la sesión de la Asamblea Legislativa que preparará las nuevas elecciones generales. “Tenemos toda la predisposición y voluntad de trabajar juntos y llevar adelante una nueva elección. Pedimos a todos los movimientos sociales u otras organizaciones movilizadas, a deponer posiciones, no podemos estar viviendo días de luto”, señaló Copa.
Pero las primeras medidas han levantado sospechas en el movimiento de protesta. En el ámbito económico, el nuevo ministro de desarrollo, Wilfredo Rojo, dijo en declaraciones reproducidas en el diario La Razón, que “hay que analizar las empresas públicas; se las puede alquilar, capitalizar con dinero privado, vender o cerrar”. Asimismo, en el ámbito exterior, Áñez ya ha expulsado a todos los diplomáticos cubanos y venezolanos de Bolivia y ha anunciado la salida de Bolivia de las organizaciones Unasur y Alba, creadas por los gobiernos de izquierda en América Latina hace una década, como una alternativa a la OEA con sede en Washington.
La OEA es precisamente la organización que declaró fraudulentas las elecciones presidenciales tras la victoria de Morales el pasado 20 de octubre. El aumento del uso de la fuerza policial responde al miedo a que los bloqueos campesinos en puntos estratégicos de la red viaria desabastezcan La Paz, donde ya falta gasolina.
El poder de convocatoria del MAS ya no es el que era hace diez años cuando Morales tenía el apoyo del 60% del electorado. Pero, el bloqueo de las carreteras es un arma potente.
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