El juicio que nadie deseaba celebrar
Maza había abandonado su tranquilo puesto como magistrado del Tribunal Supremo para asumir un año antes, en noviembre del 2016, el cargo de fiscal general del Estado. Había sido propuesto por el ministro de Justicia del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, Rafael Catalá. En esas fechas, el desafío independentista ya estaba hirviendo, y desde el ejecutivo pensaron que Consuelo Madrigal no era el mejor perfil para afrontar aquella batalla. Quién le iba a decir a Catalá que, un año más tarde, aquella mujer a la que destituyó con una puñalada por la espalda sería una de los cuatro fiscales que defenderían más fervientemente la prisión para el gobierno catalán.
Maza, un hombre afable, tranquilo, dicharachero y divertido, pronto se convertiría en la bestia negra del independentismo. Su nombramiento fue un regalo tan envenenado como la picadura de una mamba negra. La fuerte presión que vivió en aquellas fechas no lo ayudó en su salud, y falleció un año después de haber asumido el cargo. El 18 de noviembre del 2017, a los quince días de haberse querellado contra Puigdemont, murió en Buenos Aires durante un viaje de trabajo.
Aunque se trató de un fallo renal, un colaborador muy próximo a él llegó a lamentarse:
“A José Manuel lo ha matado Soraya”. Evidentemente, no lo decía de manera literal, sino en referencia a lo que había tenido que aguantar aquellos últimos meses, aquellas últimas semanas, aquellos últimos días.
Hasta que aceptó el cargo de fiscal general, como magistrado del Tribunal Supremo, llevaba una vida relativamente tranquila. Iba en metro a trabajar, de vez en cuando acudía al Calderón a ver a su Atlético, y en sus ratos libresorganizabacharlas para la Asociación Justicia y Opinión, un pequeño coloquio donde era muy querido. Tras su muerte, le tomó el relevo su compañero Antonio del Moral, que luego fue designado para formar parte del tribunal que juzgaría el procés.
Apasionado de las cervezas frescas, durante los catorce años que Maza estuvo de magistrado en el Tribunal Supremo, su nombre empezó a sonar cuando, en contra de la mayoría, emitió un voto favorable para condenar al entonces juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, a sabiendas de que aquello no era competente y estaba prescrito. “Resultaría realmente un insulto a la razón afirmar el desconocimiento de cuestiones tan esenciales para un profesional como el magistrado acusado y, en todo caso, semejante afirmación, que en modo alguno suscribo, habría de conducir no a la absolución, sino a una condena por prevaricación”, apuntó en su escrito. Garzón fue condenado y apartado por otra causa: las escuchas ilegales del caso Gürtel.
A pesar de ser considerado un magistrado conservador, esto no le nubló la vista para oponerse a la investigación al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por presuntamente haber recibido dinero de procedencia ilegal por parte de los Gobiernos de Irán y Venezuela. Posteriormente se supo que aquella información había sido elaborada por las conocidas como “cloacas del Estado” para desprestigiar a un partido que llegaba con fuerza al panorama político. Esas mismas cloacas también habían actuado contra dirigentes catalanes en la llamada operación Catalunya y, de hecho, Maza tuvo que marcar una línea divisoria con ese grupo de policías que habían infectado el Ministerio del Interior y pretendían intoxicar, además, la Justicia.
Cuando llegó a la Fiscalía General del Estado, con 66 años, Maza sabía lo que debía hacer con el desafío catalán. Una vez decidió echar toda la carne en el asador y presentar querellas por rebelión contra Puigdemont, el resto de los miembros de su Govern, la Mesa del Parlament, los dos máximos responsables de las entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, e incluso contra el mayor de los Mossos d’esquadra, Josep Lluís Trapero, ya no hubo marcha atrás.
La maquinaria judicial, al igual que un transatlántico, es lenta para arrancar, pero cuando inicia su camino es muy difícil de frenar. Y esto no lo entendían los dirigentes independentistas, ni tampoco el gobierno central. Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Rafael Catalá querían que Maza actuara como un matón de discoteca: que les diera un susto y les atemorizara, pero sin que llegase la sangre al río. Nunca comprendieron que aquello no podía ser, y el tiempo así lo demostró.
Como miembros de un gobierno, cometieron el error de creer que la política era capaz de mover montañas. Esta actitud no dejaba de sorprender después de lo ocurrido con Eduardo Torres-dulce, fiscal general del Estado cuando se celebró en Catalunya la consulta del 9-N en el 2014, que no sería otra cosa que la antesala del referéndum, en ese momento con Artur Mas de presidente de la Generalitat. El gobierno volvió a hacer lo de siempre: utilizar a la Justicia para presionar a los dirigentes catalanes. Catalá no cesó de lanzar mensajes a Torresdulce para que actuara con contundencia y celeridad contra el president. El gobierno quería amenazar a Mas con una querella, pero en la Fiscalía las cosas no se pueden hacer a la manera de los políticos. El fiscal general lo repitió una y otra vez: los tiempos de la política no son los mismos que los de la justicia. Finalmente, actuó contra el presidente catalán por un delito de desobediencia al haber convocado una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, y lo hizo aunque los fiscales de Catalunya se negaron a presentar la acusación. Fue Torres-dulce, por tanto, quien dio el mandato que lo autorizaba a presentar la misma querella que, cuatro años después, ha supuesto una condena a Mas de trece meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. Lo hizo, solo que no cuando quería Rajoy. Quince días más tarde, dimitió.
Así es como siempre se ha actuado desde el ejecutivo. Un exministro de la época de José María Aznar ya lo decía en privado al defender que Rajoy acabaría por encauzar la negociación con el Govern y pactaría la liberación y el archivo de la causa: “El gobierno es como Dios: lo puede hacer todo”.
El fiscal general recibía llamadas y advertencias para que presentara la querella, pero sin ir más allá: con un susto era suficiente. Si las consecuencias eran mayores, entonces, políticamente, la vía de negociación se cerraba por completo y se entraba ya en la guerra abierta. Maza era un convencido de lo que estaba haciendo. En privado se lamentaba de que los acontecimientos en Catalunya eran lo más grave que había ocurrido en democracia, y sus responsables tenían que ir a la cárcel por ello.
Su postura suponía un torpedo en la línea de flotación de la estrategia de Rajoy. Había habido tiempo suficiente para la política; aunque pudieron sentarse a hablar y negociar, no lo hicieron, así que se les había acabado esa oportunidad. Ahora empezaba el momento de la Justicia, y Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de los consellers iban a ser encarcelados.
Catalá y Sáenz de Santamaría intentaron convencerlo de que frenara y levantara el pie del acelerador. De puertas adentro, Maza reconocía que aquellos días las llamadas eran continuas. “Son un poco pesados”, decía con resignación pero sin perder el buen humor. Pero él, como jurista, sabía lo que tenía que hacer. Ya no había política que valiese. Como bien reconocieron en un encuentro privado varios fiscales que participarían en una de las investigaciones vinculadas al procés: “Nosotros somos como perros de presa, cuando nos sueltan vamos a morder; no estamos para hacer política ni diplomacia”.
El fiscal general lo repitió una y otra vez: los tiempos de la política no son los mismos que los de la justicia
El gobierno volvió a hacer lo de siempre: utilizar a la justicia para presionar a los dirigentes catalanes