Gobierno amigo
Las elecciones del 10-N han abierto en Barcelona un periodo de expectativa positiva, cosa que le viene muy bien a una ciudad convertida en el epicentro de la tensión urbana independentista. Por un lado, el anuncio de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, como réplica al pacto vigente en el Ayuntamiento barcelonés, dibuja un escenario de aparente mejor entendimiento entre la administración central y local. Y por otra parte, la estrategia del cambio de cromos de votos que la alcaldesa Ada Colau propuso en verano para facilitar la aprobación de las cuentas públicas de Barcelona y de la Generalitat parece que camina hacia la meta.
¿Es positivo que la misma coalición gobierne España y Barcelona? Hay pros y contras. No será la primera vez que la capital catalana tendrá un “gobierno central amigo”, pero el balance de los anteriores es desigual. La prueba es que los alcaldes socialistas de Barcelona esperaron más de la Moncloa cuando la ocupaban Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso, alguna vez, durante esos periodos, se llegó a oír en los pasillos del Ayuntamiento el elocuente comentario: “¡Para qué queremos enemigos, con amigos como estos!”.
Es verdad que, entonces, eran los socialistas los que se servían y comían solos esta relación bilateral, y ahora, por primera vez, serán dos partidos los que tendrán necesidad de facilitar acuerdos favorables a la ciudad
El reto de Colau y Collboni es aprovechar para Barcelona el futuro pacto de la Moncloa entre socialistas y comunes
de cara a sus electores. Además, todavía desconocemos si habrá algún ministro catalán y si el partido de Colau tendrá una silla en el ejecutivo de Sánchez e Iglesias. Sobre el papel, esta circunstancia ayudaría a desencallar muchos proyectos que Barcelona tiene congelados desde hace años o para activar eternas promesas sobre vivienda pública o ayudas sociales. Ese es el reto político que afrontan Ada Colau y su socio del PSC Jaume Collboni.
Los resultados del 10-N también han dado alas al plan de la alcaldesa de Barcelona que consiste en que ERC y Jxcat faciliten la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento a cambio de que los Comunes hagan lo propio en el Parlament con el presupuesto de la Generalitat. Esa estrategia avanza sin excesivas dificultades, aunque con matices. Por una parte, ERC ha enfriado sus prisas por convocar elecciones en Catalunya después de ver cómo sus socios exconvergentes les han mordido electoralmente con un discurso más radical. Por eso, los republicanos priorizarán ahora el presupuesto catalán que elabora su líder Pere Aragonès antes que un adelanto electoral.
Este ambiente explicaría la abstención de ERC que la semana pasada propició la tramitación de las cuentas de Colau y también da contexto al voto en contra de Jxcat. Además, los republicanos están llamados a abstenerse para facilitar la formación del futuro gobierno central “amigo”. En este escenario, ERC quizás sueñe con una reciprocidad de socialistas y comunes en el Parlament cuando someta a votación los presupuestos de Catalunya. Un quid pro quo a tres bandas que, sin duda, ayudaría a que la política tome el relevo a la calle.