El PP quiere reformar la ley para que un político no pueda ser fiscal general
El PP juega sus bazas, y la del nombramiento de Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia, como fiscal general del Estado, es una que le ha facilitado el propio Pedro Sánchez.
Si no dio resultado su estrategia en el Consejo General del Poder Judicial, al que Pablo Casado pidió que no declarara idónea a Delgado, el PP optó ayer por una vuelta de tuerca con el anuncio de su secretario general, Teodoro García Egea, de que presentará en el Congreso una proposición de ley para que no pueda ser elegido fiscal general nadie que se haya dedicado a la política, ya sea en el Ejecutivo, como ministro, o en el Congreso como diputado, “sin que haya pasado un determinado número de años”. Se trata, dijo el número dos del PP, de que “nunca más se pueda elegir a un político” para ese cargo.
La designación de Delgado seguirá siendo el caballo de batalla de los populares, porque consideran que forma parte de una estrategia del Ejecutivo de Sánchez para allanar el camino a los independentistas, tanto a los líderes presos como a las futuras actuaciones desde el Govern de la Generalitat, y todo para, sospechan, satisfacer su pacto con Esquerra Republicana.
Hasta tal punto cree esto el PP que García Egea considera que el nombramiento “es un regalo para los independentistas, que van a imponer sus criterios jurídicos, ya que la demostrada parcialidad de Delgado será utilizada para debilitar al sistema judicial”.
A esta “claudicación” ante los independentistas achaca el PP la reapertura de tres delegaciones de la Generalitat en el exterior, sin pararse a estudiar que los decretos que las crean han sido modificados a petición del Gobierno para que su actividad sólo pueda ajustarse a las competencias que les otorga el Estatut d’autonomia para la proyección exterior de Catalunya.
Pese a ello, el PP solicita la comparecencia en el Congreso de la ministra de Exteriores para que explique la reapertura de esas tres oficinas que han sido acordadas con la Generalitat. “El PP no va a tolerar que esta apertura de embajadas sea un pago de Sánchez a los independentistas por su investidura”, afirmó García Egea.
Además, el PP presentó la proposición de ley que anunció el martes Casado para que sean declarados inelegibles quienes estén fugados de la justicia, con la clara intención de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no pueda presentarse a las elecciones al Parlament de Catalunya si finalmente se convocan, como pretende Quim Torra, en caso de que el Tribunal Supremo le inhabilite.
El partido presenta una proposición de ley para impedir que Puigdemont pueda ser candidato