Acuerdo para rebajar la tensión por las ‘embajadas’
La Generalitat pacta sus atribuciones con Exteriores
La apertura de delegaciones de la Generalitat de Catalunya en el extranjero lleva años enfrentando al Govern con la Administración central, una pugna que se ha saldado con una larga lista de recursos ante los tribunales de justicia y de cierres y reaperturas de oficinas que han tensado las relaciones entre los dos ejecutivos.
Esta situación puede cambiar si el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Exteriores –siendo todavía titular en funciones Margarita Robles, en sustitución de Josep Borrell– y el Departament d’acció Exterior de la Generalitat que dirige Alfred Bosch, se consolida.
El pacto ha permitido que la Generalitat abra las delegaciones en Argentina, México y Túnez. La Generalitat intentó con tres decretos de junio del 2019 la creación de estas oficinas, y el Gobierno, todavía con Borrell en el ministerio, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el que consideraba que eran “instrumento fundamental” para promover las tesis del “secesionismo” y “denigrar” la imagen internacional de España y solicitaba medidas cautelares para evitar “actividades que se están revelando perjudiciales para los intereses del Estado”.
El informe que emitió entonces Exteriores, contrario a la apertura de estas embajadas catalanas, señalaba que “una actividad exterior de una comunidad autónoma que se haga al margen de su marco competencial y sin respeto a los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y servicio al interés general causa en sí misma un perjuicio a la política exterior del Estado”.
El TSJC admitió los planteamientos del Ministerio de Exteriores y dictó una suspensión cautelar de las normas de la Generalitat. Pero mientras decidía sobre el fondo del recurso, el Gobierno central y la Generalitat negociaron y alcanzaron al acuerdo que se conoció ayer, que permite la apertura de las oficinas y deja sin efecto los recursos presentados, ya que el Govern ha modificado sus decretos incorporando las correcciones que le solicitaba el ministerio.
Las enmiendas presentadas por el Ministerio de Exteriores querían deslindar las competencias del Estado en materia de relaciones internacionales de la proyección exterior que puede hacer la Generalitat, de acuerdo con sus competencias estatutarias.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Exteriores dejan claro que el Gobierno acudirá a los tribunales y pedirá el cierre de estas embajadas si en la actividad que desarrollen consideran que “vulnera la legalidad o son contrarias a los intereses de España”.
Este acuerdo se hizo público el mismo día que el TSJC dictaba una sentencia en la que daba la razón al Gobierno central y decretaba el cierre de las delegaciones que la Generalitat reabrió a finales del 2018, tras un año de clausura por la aplicación del artículo 155. Se trataba de las delegaciones en Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Suiza. Sin embargo, esta sentencia no tiene ningún efecto porque hace referencia a un decreto del 2018 que ya fue modificado el pasado septiembre por la propia Administración catalana.
El Govern aceptó que sus nuevos decretos delimitaran las competencias de Catalunya y el Estado