Diez días de enero
Hace sólo diez días, Pedro Sánchez prometía su cargo ante el Rey y parece que ha pasado un año. Decisiones no se han podido tomar todavía, porque todo el tiempo se ha consumido en la formación de equipos, en tomas de posesión y en la novedosa liturgia de la pasarela de los nuevos ministros. La estética promete. El único que no desfiló fue Iván Redondo, a quien con bastante justicia llaman el auténtico vicepresidente. Estos diez días, de todas formas, ya permiten intuir por dónde irá el Gobierno, que, hay que reconocerlo, ha salido majete: tiene su razonable dosis de guaperas, su aportación de solvencia, sus píldoras de revolucionarios, y una saludable sensación de intentar cambiar el mundo. En el capítulo de las intenciones, prueba superada.
Lo más notable posiblemente ha sido la promesa de los nuevos ministros, con los de Unidas Podemos prometiendo guardar y hacer guardar la Constitución y lealtad al Rey. Alberto Garzón pronunció quizá por primera vez en su vida la palabra Rey y dio un salto cualitativo al dejar atrás al Ciudadano Borbón. Por el momento no se intuye la revolución. Los mercados, esos extraños medidores de la confianza política, no están excitados y la prima de riesgo también dio su margen de confianza: ayer estaba en 67 puntos.
El comienzo, pues, está siendo razonable. Pero eso de “la legislatura más tensa” ya mostró los primeros síntomas. Las trifulcas hicieron su aparición. Hemos asistido a conflictos de poderes, primero entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con críticas de Pablo Iglesias a la justicia que lo situaron más en el ámbito independentista que de la posición tradicional de los gobiernos de España. No hay mejor regalo para un secesionista que subrayar que la justicia europea desautoriza a la española y humilla al Estado. En ese terreno sólo faltaba Dolores Delgado, que tendrá que dar grandes y rápidas muestras de autonomía para borrar la imagen de que el Gobierno quiere controlar la Fiscalía General del Estado.
Siguiente conflicto de poderes con la parte derecha del legislativo, que aprovechó el cambio de fecha de los consejos de ministros para amotinarse con el argumento de que se dificulta su derecho de participación política. Hicieron casus belli de las sesiones de control, como si sus preguntas fuesen un prodigio de creatividad y actualidad. Pero es un argumento que le viene bien al PP para denunciar el “carácter autoritario” de este Gobierno. Que a nadie le extrañe que el frente Partido Popular-ciudadanos presente recurso de inconstitucionalidad. Lo están pensando.
Y por último, el frentismo llegó a las instituciones, aunque ahí las responsabilidades se reparten entre PSOE y PP. Pablo Casado se instaló en el bloqueo, por ahora, para renovar el Consejo del Poder Judicial. No hay señales de acercamiento ni de diálogo alguno. La falta de un pacto educativo ha degenerado en la gresca del pin parental, ese invento de Vox que terminará en los tribunales justo cuando se habla de desjudicializar la política. Desjudicialización, racializadas… Ignoro si este Gobierno cambiará el país, pero es seguro que va a cambiar el diccionario.