El precio del pacto verde
El desafío medioambiental es uno de los grandes retos de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició su andadura al frente del Ejecutivo comunitario teniendo como prioridades fundamentales la transición energética y la lucha contra el cambio climático. En su presentación a finales de noviembre ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen prometió poner en marcha en un plazo de cien días un green deal , un pacto verde, porque según sus palabras “proteger nuestro clima es un tema existencial para Europa y para el mundo”. Y lo cumplió con creces. Sólo tardó once días desde que accedió al cargo en dar a conocer el pacto verde de la Comisión Europea, un paquete legislativo con el objetivo de llegar a la neutralidad climática en el año 2050.
Para ello hará falta dinero, mucho dinero. La Comisión Europea prevé movilizar hasta un billón de euros en siete años comprometiendo fondos comunitarios, aportaciones de los estados miembros y los estímulos del Banco Europeo de Inversiones a la iniciativa privada. El impacto que supone la adaptación a nuevas energías y el abandono de otras ha motivado amplios debates entre los todavía veintiocho miembros de la UE, hasta el punto de que en el Consejo Europeo de diciembre Polonia se negó a asumir los compromisos de llegar a un continente neutro climáticamente en el 2050. Hará falta mucho dinero para compensar los perjuicios que esa transición climática causará a las economías de algunos países comunitarios.
El debate será largo y no será fácil. Para que los incentivos económicos lleguen a los estados miembros, estos deberán presentar planes concretos de transición y habrá que supervisar si cumplen o no esos objetivos. Por el camino se perderán miles de empleos en poblaciones rurales y suburbanas y en regiones cuya actividad económica depende casi en exclusiva del carbón. Las clases menos favorecidas serán las más afectadas. Todo ello puede provocar un estallido social, como en parte ha ocurrido en Francia con los chalecos amarillos. Los países comunitarios deberán apretarse el cinturón y, como siempre, a la Comisión Europea le tocará hacer el papel del policía malo pese a que ha previsto destinar 100.000 millones de euros a evitar revueltas de los afectados por la transición energética.
En un estadio más próximo de la lucha contra la crisis climática, Catalunya debe implicarse también a fondo. El Govern declaró la emergencia climática en mayo del 2019 sin medidas concretas para abordarla y sin asignarle un presupuesto y ayer, organizada por la Generalitat, se celebró en Barcelona la primera cumbre catalana de acción climática, en la que han participado unas mil personas representando a unas doscientas empresas, administraciones, entidades y actores sociales, para buscar una mayor implicación en el combate contra las emisiones de CO2.
Los compromisos que han adquirido las administraciones, compañías y entidades serán objeto de un seguimiento para supervisar su cumplimiento. Cada parte implicada presentará su plan concreto para reducir los gases de efecto invernadero. Un paso positivo, si no fuera porque la hoja de ruta climática catalana se limita a compromisos voluntarios y no se prevén sanciones para quienes los incumplan. Hasta ahora los hechos han demostrado que las acciones voluntarias, pese a su innegable buena intención, ayudan poco a reducir las emisiones y van en detrimento de las medidas ejecutivas, más efectivas. Numerosos expertos insisten en que hacen falta normas de obligado cumplimiento y no voluntarismos. Incluso algunas de las empresas participantes ayer en la cumbre mostraron su escepticismo por el método de participación elegido y por los resultados de una acción voluntaria.
La cumbre catalana, además, se ha visto ensombrecida por la exclusión de las oenegés que luchan contra el cambio climático, que han criticado no haber sido invitadas a participar y han propuesto once medidas urgentes a la Generalitat, a la que acusan de inacción, para afrontar la crisis del clima.
La UE destinará 100.000 millones a paliar los efectos de la transición climática en algunos estados miembros