PLAN VERDE El objetivo es “no dejar a nadie atrás”
Cien mil millones para evitar revueltas sociales de los afectados por la transición
La irrupción del movimiento de protesta de los chalecos amarillos en Francia ha supuesto un toque de alerta sobre las protestas sociales que puede provocar la transición energética. El objetivo de convertir a Europa en un continente climáticamente neutro está fijado, aunque con un país, Polonia, que sigue arrastrando los pies, pero para llegar a conseguirlo será necesario no sólo una enorme financiación del proceso, sino también medidas y fondos para paliar el impacto que la transformación tendrá en las capas de población afectadas.
La estrategia financiera presentada esta semana por la Comisión Europea incluye los dos ámbitos. Prevé movilizar un billón de euros para asegurar la transición, de los cuales 100.000 millones de euros están destinados a paliar el daño a los más afectados. El objetivo es evitar que “nadie se quede atrás”, según reza el lema acuñado por la presidenta Ursula von der Leyen.
Es evidente que en la Francia periférica y rural muchos sintieron que “se quedaban atrás” y por eso salieron a cortar calles y carreteras en protesta por el alza de las tasas sobre el combustible. El diésel puede que contamine, pero también es el combustible usado por gran parte de la población con bajo poder adquisitivo.
Las clases menos favorecidas van a sufrir de manera desproporcionada las políticas climáticas, lo que conducirá a un aumento de las desigualdades, advierten estudios del think tank Bruegel. “El impacto será particularmente significativo para los situados en el nivel más bajo de la escala de ingresos, para los que viven en áreas rural y suburbanas, a los que afectará el aumento en el precio de los carburantes, y para las
regiones particularmente dependientes de la producción de combustibles fósiles como el carbón, y así les afectará la desaparición de algunas industrias y puestos de trabajo”, avisan Grégory Claeys y Georg Zachmann, analistas de Bruegel.
Conscientes del riesgo de revuelta social, la Comisión Europea, al presentar esta semana su estrategia financiera para el Plan Verde, incluyó también un mecanismo de transición justa para reducir el impacto. Con sólo 7.500 millones de euros de dinero nuevo de los presupuestos de la UE, redistribuyendo partidas asignadas a fondos regionales y de cohesión, sumando aportaciones de los estados, y préstamos del BEI, Bruselas calcula que podrán movilizarse un mínimo de 100.000 millones de euros para el período 2021-2027. Ingeniería financiera que los comisarios europeos salieron en tromba a defender. El responsable de Economía, Paolo Gentiloni, confía en crear un ambiente favorable para un gran flujo de las inversiones privadas, mientras que la responsable de cohesión, Elisa Ferreira, quiere asegurar que los fondos vayan allí donde las regiones afrontes los mayores desafíos.
“Lo que estamos haciendo es un mensaje para los mineros del carbón de Asturias, Macedonia occidental o Silesia; para los cosechadores de turba en las Midlands irlandesas, las regiones bálticas dependientes del petróleo de esquisto”, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans. Aquí enfocaba el impacto regional, que es donde va destinada una de las piezas claves del mecanismo de transición, el denominado fondo de transición justa.
En el reparto por países que se ha planteado, España se lleva sólo el 4% del total de las ayudas de este fondo, mientras que Polonia consigue la parte del león, más de un cuarto del total. Tiene lógica que Polonia sea quién más ayudas consiga dada su fuerte dependencia del carbón, que supone más de un 80% de su producción de energía, pero para conseguir tan alto porcentaje de las ayudas, ha influido también la fuerte resistencia a aceptar los objetivos europeos que ha mostrado este país. En la última cumbre de la UE, fue el único socio que no se comprometió a cumplir el objetivo de neutralidad climática en el 2050.
El reparto de los 7.500 millones de este fondo de transición, que se espera que consigan movilizar una financiación de entre 30.000 y 50.000 millones de euros, se ha hecho en base a una combinación de criterios económicos, como las emisiones de gases de efecto invernadero y la producción de turba y de petróleo de esquisto de cada región, con otros parámetros sociales, como son el nivel de empleo que supone el carbón, o las regiones de producción intensiva de carbono.
Otros dos mecanismos para facilitar la transición son la utilización de partidas de Investeu, un fondo europeo para estimular las inversiones, y los préstamos del BEI al sector público . En su conjunto, este mecanismo de transición tendría que movilizar los citados 100.000 millones de euros.
Esta es la parte destinada a suavizar el impacto el impacto de la transición entre los más perjudicados incluida en la estrategia financiera presentada por la Comisión Europea. En el global, se trata de movilizar una cifra más amplia, un billón de euros en 7 años, cifra ambiciosa pero que aún así se queda corta para las necesidades de inversión que requerirá esta transición energética que se ha convertido en la gran bandera enarbolada por la comisión de la alemana Ursula von der Leyen.
Por convencimiento o por oportunidad, desde el principio fijó como gran prioridad un pacto verde del que debía presentar sus primeros proyectos en los cien primeros días de mandato, compromiso que está cumpliendo.
Los objetivos actuales de la UE están fijados para el 2030, y para conseguirlos hará falta aún más inversión de la prevista en su estrategia financiera. Según los cálculos de Bruselas, son necesarios 260.000 millones adicionales por año.