La tasa Google tendrá efecto retardado
El Gobierno aprueba hoy dos nuevos gravámenes que no entrarán en vigor hasta otoño
Con toda probabilidad, el Consejo de Ministros remitirá hoy al Parlamento sendos proyectos de ley para la creación de los impuestos digital y sobre transacciones financieras. Aunque es la segunda vez que se pone en marcha la tramitación parlamentaria –decayeron los textos con la convocatoria de las generales del 28 de abril–, la implantación de las denominadas tasa Google y tasa Tobin plantea diversas incógnitas. En primer lugar, hay dudas sobre el calendario de aplicación. Ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, adelantó en Bruselas que son partidarios de retrasar la liquidación de la tasa Google hasta finales de año, en lugar de hacerlo trimestralmente. De esta forma, el Ejecutivo gana tiempo a la espera de los avances que se puedan producir en la OCDE sobre un gravamen internacional a las empresas tecnológicas.
Y todo ello, bajo la amenazante mirada de la Administración de Donald Trump, que ya logró frenar la aplicación de un impuesto similar en Francia, ante las amenazas de aplicar nuevos aranceles. Calviño aseguró que se trata de un sistema similar al francés, “para dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional”. “No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de la liquidación a final de año”, aclaró. Fuentes de Hacienda explican que el cobro a final del ejercicio sólo se aplicará este año y que, en adelante, pasarían a realizar una liquidación trimestral. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explicó que tanto ella como Calviño han informado a sus homólogos estadounidenses, Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente, sobre la intención del Gobierno de sacar adelante el impuesto a los gigantes tecnológicos.
El camino, que ahora inicia el texto en el Parlamento, tampoco es sencillo. A pesar de que la ministra de Hacienda haya apostado por separar esta tramitación de la de los presupuestos generales del Estado para agilizar el aumento de ingresos, el proceso en el Congreso y el Senado puede superar en el mejor de los casos los cuatro meses de duración. Lo que supone adentrarse en verano. Además, hay que añadir el periodo hasta que entre en vigor. Tanto en el impuesto de servicios digitales como a las transacciones financieras, los proyectos de ley iniciales fijaban tres meses. Así, sería necesario esperar al menos al otoño para que estén vigentes.
Al tiempo, sigue abierto el debate sobre el impacto real de los impuestos de nueva creación. Fuentes de Hacienda afirmaron ayer que la previsión inicial de recaudación es muy similar a la comunicada a Bruselas: unos 2.050 millones –1.200 millones por la tasa digital y 850 millones por la que grava la compraventa de acciones–. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales apuntan la posibilidad de que, “atendiendo al momento en el ciclo económico”, finalmente el Ejecutivo rebaje su previsión de incremento de ingresos a 900 o 1.000 millones de euros. Estas cifras hacen referencia a un ejercicio fiscal completo, por lo que se da por descontado que los ingresos en el 2020 sean inferiores. La autoridad fiscal concluyó en su momento que los cálculos de Hacienda eran muy optimistas y los dejó en sólo unos 350 millones, en el caso de que los nuevos impuestos entraran en vigor en el último trimestre del año.
En el paquete de iniciativas legislativas que buscan mejorar los ingresos públicos con medidas fijadas en el programa de coalición, se incluye también la ley contra el fraude fiscal. El nuevo impuesto digital grava con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad online, servicios de intermediación digitales y la venta de datos obtenidos a partir de información del usuario. Afecta a las grandes compañías digitales con unos ingresos mundiales de al menos 750 millones de euros al año y que en España superen los tres millones. Mientras, la tasa Tobin carga un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones.
Hoy también se espera que el Consejo de Ministros dé luz verde a la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite usar la reiteración de faltas justificadas como causa de despido objetivo. Esta polémica fórmula se ha aplicado sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado octubre que avaló su legalidad. Según Trabajo, el despido por bajas médicas de enfermedades no graves se ha acumulado en los últimos meses en empresas de telemarketing.
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