Fernando López Miras
Presidente de Murcia
El Gobierno de Murcia se ha negado a retirar la medida del veto parental sobre las actividades programadas por los centros educativos, y el Gobierno español ya ha anunciado que presentará un recurso ante los tribunales.
El previsto choque de trenes a cuenta del veto parental se ha producido. El Gobierno de Murcia ha decidido obviar el requerimiento del Ministerio de Educación y seguirá adelante con esta suerte de “censura previa” (definición de la ministra Isabel Celaá), o lo que es lo mismo, obligando a los padres a autorizar que su hijo acuda a las actividades organizadas por el centro educativo. Ante esta negativa, el Gobierno ya ha anunciado que hoy mismo presentará un recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que decida sobre este nuevo requisito impuesto por el equipo del presidente Fernando
López Miras. Educación pedirá al tribunal que deje en suspenso el veto parental hasta que se pronuncie sobre el recurso.
Los argumentos de Celaá son conocidos. A su juicio, que los padres autoricen o no que sus hijos realicen o no una actividad programada por el centro educativo conculca muchos derechos pero, por encima de todos, el del menor a recibir una educación integral y diversa. Asimismo, defiende que no es potestad de los padres decidir si los menores van a actividades obligatorias, que forman parte del currículum escolar y que son evaluables.
Y, además, esta autorización conculca los derechos reconocidos en la ley Wert (la Lomce, del PP), relativos a la autonomía del centro (independencia para decidir sus actividades y cómo se imparten) y la libertad de cátedra de los profesores (elegir la manera de dar mejor el currículo establecido). No es de recibo, insisten desde el Ministerio de Educación, que aquellos niños que no cuenten con la preceptiva firma paterna (bien porque no les entreguen la autorización o bien porque los padres consideren que van en contra de sus creencias), el alumno se quede sin asistir a la clase programada que bien puede ser una charla de la Policía Nacional sobre la detección de la violencia de género o el acoso escolar o una conferencia sobre el renacimiento, pasando por actividades relacionadas con la educación sexual-afectiva o de higiene y salud pública.
¿Y el Gobierno de Murcia? Pues que no lo retira, porque, como dijo el pasado viernes el presidente López Miras, “no lo vamos a hacer porque lo dice un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres”. Ellos defienden que los padres tienen derecho a elegir qué tipo de educación reciben los hijos y el veto parental responde precisamente a ese fin.
El problema de esta autorización para realizar actividades obligatorias de los colegios es que no parece responder a un requerimiento social por problemas de adoctrinamiento en las aulas, como han repetido en
HASTA LA SENTENCIA
Educación pedirá al Superior de Justicia de Murcia que suspenda ya “esta censura previa”
NO RECULA
Miras seguirá adelante con el control parental, pese a no tener quejas de adoctrinamiento
INICIATIVA DE HAZTE OÍR
Andalucía y Madrid no instaurarán la autorización previa pese a la presión de Vox
cientos de ocasiones entidades ultraconservadoras. De hecho, tal y como reconoció el propio presidente de Murcia, no se ha registrado ni una sola queja al respecto.
Entonces, ¿a qué se debe establecer ese control por parte de los padres? El veto parental es una iniciativa difundida por la organización ultra Hazte Oír para permitir que las familias impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual. Vox hizo suya esta petición y la exigió en Murcia, en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos (estas comunidapor des están gobernadas PP y Ciudadanos, con una mayoría insuficiente).
Sin embargo, los gobiernos anhan daluz y madrileño ya mosimplantar trado su rechazo a esmurcia, ta medida, mientras ledecidido jos de recular, ha consagrar el veto parental en su decreto de currículo de educasecundaria. ción primaria y Vox, en su lucha contra el “adoctrinamiento de los niños en las escuelas” (siempre en la pública, siempre en relación a temas afectivos o de violencia, nunca por otras materias) ha lleesta gado a formarealizar ción a campañas a favor del veparental to empleando imágenes falsas, como aulas de niños con un pene de plástico en la mano que no correspondían a ningún coleespañol gio y tampocentro co a un eduno cativo, si a una performance.
La intención del Gobierno de Murcia es que la autorizaparental ción sea obligatoria en los casos de actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración. A día de hoy, se exige para tolas das actividades realizadas en horario escolar.
El malestar de los profesosupone res, por lo que de injerencia en su quehacer profesioduda nal y por poner en su profesionalidad, ha llevado a algunos a “objetar” de su obligación de pedir la autorización (ver información de la derecha). La ministra Celaá ha dejado claamparo ro que estos tienen el del ministerio ante los tribunales.