Masiva petición para que Barr se vaya por politizar la justicia de EE.UU.
Exfiscales le acusan de someter la independencia judicial al interés de Trump
El eco del Watergate resuena otra vez en Estados Unidos.
A Mark Twain se le atribuye la frase “la historia no se repite, pero a veces rima”. Hace medio siglo, cuando Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia por el espionaje a los demócratas, se adoptaron medidas para aislar la administración de justicia de los políticos. Pasadas estas cinco décadas, al fiscal general William Barr se le acusa de revertir las medidas diseñadas para frenar la corrupción en el sistema criminal.
Esta es la esencia de una carta firmada por más de 1.100 antiguos fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia en la que reclaman la dimisión de Barr. El detonante ha sido su intervención para rebajar la petición de condena de entre siete y nueve años para Roger Stone, confidente y amigo de largo recorrido del presidente Donald Trump.
Además del número, la relevancia de esta iniciativa reside en que en la lista figuran, cosa rara en época de extrema división, exresponsables de este departamento que ejercieron en administraciones de ambos partidos.
“Los gobiernos que utilizan el enorme poder de la aplicación de la ley para castigar a sus enemigos y premiar a sus aliados no son de repúblicas constitucionales, son autocracias”, subrayan.
Según Barr, había tomado la decisión de hacer otra recomendación de pena más suave antes de que Trump lanzara un tuit en el que arremetió contra la independencia de la justicia, “un anatema para el departamento en su misión y obligación sagrada de garantizar una ley igual para todos”, proclaman en la misiva.
Es la palabra de Barr, puesta más que en entredicho, contra el desarrolló de los hechos. El tuit de Trump le precedió en horas. “Esto es horrible y una situación injusta”, escribió Trump la madrugada del martes. “Los crímenes reales se cometieron en el otro lado y como si no pasara nada. No se puede permitir este error judicial”, bramó.
Al confidente del presidente, que también colaboró con Nixon, lo hallaron culpable de mentir y obstruir una investigación del Congreso y amenazar a testigos en la investigación de la interferencia rusa a favor de Trump. Cuatro fiscales han renunciado en el escándalo Stone –uno incluso se ha ido del departamento– desde el martes, casi inmediatamente después de que Barr expresará su reprobación a su trabajo. “Tal conducta es una grave amenaza a una administración de justicia ecuánime. En esta nación, todos somos iguales ante la ley. Nadie debe recibir un tratamiento especial en la acusación fiscal porque sea un aliado próximo al presidente”, se denuncia en la carta.
La espiral se hizo más grande después de que Trump felicitara a Barr por “corregir” a los funcionarios y proclamar que “el presidente tiene el derecho legal para hacer esto”. La ira de la Casa Blanca se cebó con la juez que ha de sentenciar a Stone y creció al saberse que ese mismo departamento había exculpado a Andrew Mccabe, que se hizo cargo del FBI al ser expulsado James Comey, y en el que Trump ve la imagen de la “cloaca del Estado”.
Esto condujo a que el jueves Barr concediera una entrevista a la cadena ABC. Se atrevió a decir que los tuits del presidente “me hacen imposible desarrollar mi
El detonante ha sido la interferencia del presidente a favor de la impunidad de su confidente Roger Stone
trabajo”. La queja sorprendió al proceder de uno de los más sumisos a la voluntad del presidente.
Pronto surgió la sospecha de que podía ser una operación coordinada con la Casa Blanca para calmar la alarma. Prueba de esa coordinación, señalaron los críticos, fue el anuncio posterior de que un fiscal independiente revisará el caso contra Michael Flynn, excolaborador de Trump encausado por engañar al FBI, para el que el presidente pidió benevolencia.
“Desafortunadamente, sus acciones al acatar las órdenes personales del presidente hablan más que sus palabras”, indican en la misiva. Y reiteran que el titular de Justicia ha dañado la reputación del departamento “de integridad y estado de derecho”.