La Fiscalía ultima la querella contra Torrent sin esperar a Delgado
El Tribunal de Cuentas evita embargos al aceptar fianzas ya pagadas por el 1-O
La Fiscalía General del Estado ultima ya la querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por un delito de desobediencia por incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) al dar trámite para votación a propuestas de resolución a favor del derecho de autodeterminación. Después de que el tribunal que defiende la Carta Magna pidiera acciones penales por la comisión de posibles ilegalidades contra Torrent y miembros de la Mesa, el ministerio público está elaborando el texto para actuar sin esperar a que la exministra de Justicia Dolores Delgado acceda al cargo de fiscal general.
Según explican fuentes del ministerio público, el asunto está en manos de la secretaría técnica de la Fiscalía General, que está ya perfilando cómo se deberá proceder contra Torrent. Están esperando que el tribunal remita una serie de documentos requeridos para dar traslado de las actuaciones al teniente fiscal del Supremo, en funciones de fiscal general. De hecho, estas mismas fuentes explican que la intención es remitir la orden a la Fiscalía Superior de
Catalunya cuanto antes, sin esperar a la llegada de la nueva fiscal general, aunque dependerá de cuándo sea su aterrizaje. Este jueves Delgado comparece en el Congreso y a partir de entonces en cualquier momento su nombramiento puede ser aprobado. No obstante, el ministerio público está a la espera de los documentos del TC, concretamente de los textos originales de la deducción de testimonio, en los que se señala que Torrent fue advertido de que podría incurrir en desobediencia. Una vez remitidos, será la Fiscalía de Catalunya la encargada de redactar la querella e impulsar la acción penal. Desde el momento en que llegue la orden de la Fiscalía General, fuentes del ministerio público calculan que serán necesarios unos días para elaborar el texto y presentarlo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El pasado noviembre, la Fiscalía, por orden de la entonces fiscal general María José Segarra, abrió diligencias de investigación tras conocer que el Parlament dio curso a una propuesta de resolución a favor del derecho de autodeterminación
a pesar de tener conocimiento que iba en contra de varias sentencias y resoluciones del propio Constitucional. No obstante, el ministerio público no había presentado todavía ninguna querella a la espera de que fuera el TC quien le instara a hacerlo.
Fuentes de la Fiscalía explican que fue el propio ministerio público quien reclamó al tribunal que dedujera testimonio ante la posible comisión de ilícitos penales contra Torrent y la Mesa. El 28 de enero, el pleno del TC, por unanimidad, señaló a Torrent, al vicepresidente
primero, Josep Costa, y al secretario primero de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós. Y el 12 de febrero anunció una nueva deducción sobre posibles acciones penales contra parlamentarios de Catalunya por tramitar nuevas resoluciones.
Por tanto, con los dos movimientos de la Fiscalía y el hecho de que los 12 magistrados en pleno han pedido en dos ocasiones a la Fiscalía que emprenda acciones penales contra Torrent, la presentación de la querella es inevitable, según fuentes fiscales.
Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas dio ayer un balón de oxígenos a los líderes independentistas permitiendo que se acepten las fianzas por el 1-O que en su día se pusieron en el Supremo y en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investigaron el procés, para hacer frente a los 4,1 millones de euros de fianza que se reclama a 28 ex altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y todos los miembros de su Govern, lo que significa que no tendrán que pagar más dinero ni se les embargarán los bienes.
DESOBEDIENCIA
El ministerio público aguarda originales de documentos del TC para el siguiente paso
ANTE EL TSJC
La Fiscalía Superior de Catalunya será la encargada de llevar la acción penal