La Vanguardia

La ‘ley Celaá’ calienta motores

- / Carina Farreras

La ministra de Educación y Formación Profesiona­l, Isabel Celaá, quiere presentar este jueves a los diputados el anteproyec­to de ley que aprobará un nuevo sistema educativo en España y que derogará definitiva­mente la ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Esta es la llamada ley Wert, impuesta por el PP en el 2013 y rechazada por la comunidad educativa. La nueva ley de educación, que se convertirá en la octava de la democracia, ya recibió el visto bueno del Gobierno en la anterior legislatur­a pero lo hizo en el mismo Consejo de Ministros (15 de febrero del 2019) en el que se anunció el adelanto electoral. La disolución de las Cortes Generales impidió que iniciara su trámite parlamenta­rio. La intención de la ministra es llevar el mismo texto a un próximo Consejo de Ministros. Este proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica de Educación (Lomce) no nace de un pacto político. Es una modificaci­ón de la LOE que deroga los cambios legislativ­os introducid­os por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2013, cuando la titularida­d de Educación recaía en el controvert­ido ministro José

Ignacio Wert. El clamor de las protestas de los docentes obligó a su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo, también del PP, a paralizar algunas modificaci­ones como las evaluacion­es al final de cada etapa, las polémicas reválidas. La nueva ley Celaá, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta parlamenta­ria, se basa en la defensa del sistema público, en la mejora de la calidad educativa y pone un especial énfasis en la equidad y la inclusión. Supone un nuevo enfoque en la educación, centrada en el alumno, que no excluirá a ningún menor de la educación, creando itinerario­s distintos para aprobar la educación obligatori­a y limitando las repeticion­es. Asimismo, refuerza la etapa de 0-3 años, origen de inequidad y devuelve a las comunidade­s autónomas sus competenci­as discutidas durante el gobierno del PP. Entre los aspectos más polémicos de la nueva ley destacan las limitacion­es a la escuela concertada y el carácter optativo de la asignatura de religión, que será voluntaria y no se evaluará.

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A punto. La ministra de Educación ya tiene en la cartera la nueva normativa

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