El Gobierno francés aprueba por decreto la reforma de las pensiones
La drástica medida indigna a la oposición, que presenta mociones de censura
El Gobierno francés recurrió ayer a un artículo de la Constitución –el 49.3– que le permite de forma excepcional poner fin al debate parlamentario de un proyecto de ley y aprobarlo sin necesidad de votación. Lo hizo nada menos que con la reforma de las pensiones, una de las iniciativas más emblemáticas de la presidencia de Emmanuel Macron y un símbolo de su programa transformador para Francia, que lleva meses provocando huelgas y protestas en la calle.
El primer ministro, Édouard Philippe, lo había sugerido hace unos días y ayer pasó de las palabras a los hechos. Fue una sorpresa que lo hiciera un sábado a media tarde, ante la Asamblea Nacional, sólo horas después de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros dedicada a discutir medidas de urgencia para contener la epidemia del coronavirus. Nadie esperaba que el Gobierno, en una situación de alarma pública por una crisis sanitaria, también hubiera dado luz verde al asunto de las pensiones.
Philippe justificó la activación del artículo 49.3 por la estrategia dilatoria en la Asamblea. Recordó que había habido ya 115 horas de debate y sólo se habían llegado a discutir 8 artículos sobre los 65 del proyecto de ley. El Gobierno se sintió forzado a superar el bloqueo.
Según el artículo 49.3, introducido en la Constitución de 1958 que instauró la V República, el Gobierno sólo puede recurrir a él una vez durante una legislatura para asuntos que no sean de presupuesto. El objetivo es evitar abusos y tentaciones dictatoriales. La oposición únicamente puede revocar ese decretazo del Gobierno por medio de una moción de censura que salga victoriosa en un plazo de 48 horas. Es impensable que las mociones de censura anunciadas ya por La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) y Los Republicanos (LR, derecha) puedan prosperar. Pero el Gobierno no podrá cantar victoria. Cuando el proyecto pase al Senado, se arriesga a sufrir nuevas maniobras dilatorias, y entonces ya no es aplicable el artículo constitucional.
La líder ultraderechista Marine Le Pen acusó al Gobierno de practicar el “cinismo” y de haber realizado una maniobra “indigna” para colar su reforma justo cuando la población se halla angustiada por la epidemia. El máximo responsable de LFI, Jean-luc Mélenchon, denunció la “violencia” del proceder del Ejecutivo. El socialista David Habib habló de “golpe de porra” a la democracia.
La reforma de las pensiones se vio contestada por huelgas intermitentes, durante varios meses, en sectores estratégicos como el servicio ferroviario o el transporte público en la región de París. La protesta hizo recuperar terreno a los alicaídos sindicatos. Lo que más disgusta a quienes se oponen es la desaparición de los más de cuarenta regímenes especiales y la instauración de un sistema universal, por puntos. Se teme que ello signifique un recorte de las pensiones. También causa rechazo la pretensión de elevar de 62 a 64 años la edad real para jubilarse y cobrar el máximo estipulado.
El recurso al método expeditivo que autoriza la Constitución pone en evidencia las resistencias que el proyecto suscita incluso entre la mayoría presidencial. No es un buen síntoma sobre la cohesión de La República en Marcha (LREM), el partido fundado por Macron, y sus aliados. Además, el momento político es delicado. El 15 y 22 de marzo se celebran elecciones municipales. Macron se juega mucho y las perspectivas no son buenas. Necesitaría que LREM se consolidara como partido y conquistara alguna alcaldía importante, algo que parece difícil de lograr.
La decisión de ayer levantó suspicacias por coincidir con las medidas contra el coronavirus. Si la epidemia se agrava –algo muy probable–, el Gobierno podría prohibir las concentraciones públicas y, por tanto, también las eventuales marchas de protesta contra la reforma de las pensiones. Se crearía una situación política y de orden público peligrosa en la que el Gobierno sería acusado de socavar los principios de una sociedad democrática.
El recurso extremo a la Constitución levanta suspicacias en plena emergencia por el coronavirus