Ábalos, un caso que seguirá abierto
El Gobierno asume que la vía judicial alimentará la ofensiva política de la derecha
“No hay caso”, insisten en el Gobierno. Y la ofensiva política desplegada y liderada por el PP ya estaba dando sus últimos coletazos, estaba “agotada”, como, a su juicio, puso de manifiesto el estreno, el pasado martes, de Javier Maroto en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado. “Ya no sabía ni cómo seguir estirando el chicle, dando palos de ciego”, critican. Pero en el Gobierno sí admiten ahora, y también lamentan, que esta ofensiva política de la derecha –en la que suman sus fuerzas el PP, Vox y Ciudadanos– se mantendrá viva gracias a las múltiples vías judiciales abiertas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la noche de los pasados 19 a 20 de enero en el aeropuerto de Barajas.
“Todo quedará en nada”, advierten fuentes gubernamentales sobre las investigaciones judiciales que afronta ahora el ministro. Pero asumen que una polémica que la derecha ya no podía seguir estirando más seguirá alimentándose ahora debido a la actuación de los jueces. “Lo que podía prolongarse ya sólo días o semanas, se demorará ahora un año o quién sabe”, advierten. Ábalos, por tanto, tendrá que seguir “comiéndose el marrón”, como él mismo ironiza, y aguantando el ataque de una derecha que no soltará este hueso porque busca cobrarse una pieza de “caza mayor” del nuevo Gobierno.
El PP, claro está, olió en seguida la sangre –gracias, además, a los errores de gestión de esta crisis, ya que el Gobierno empezó por negar el episodio y después trató de minimizarlo e intentar aclararlo con cuentagotas– y quiso que Pedro Sánchez repitiera los mismos traspiés con los que arrancó su primer mandato en junio del 2018, con las dimisiones de los ministros Màxim Huerta y Carmen Montón.
En esta ocasión, Sánchez reaccionó pronto para blindar a Ábalos ante un confuso episodio que incluso provocó sospechas entre dirigentes del PSOE que tampoco recibieron, al menos inicialmente, explicaciones muy convincentes. “Entre forzar o evitar una crisis diplomática, Ábalos escogió lo segundo”, defendió Sánchez el pasado martes ante el portavoz del PP en el Senado. “Con muy buen juicio, a mi juicio”, resaltó el presidente del Gobierno. Pero al día siguiente, en la sesión de control en el Congreso, el PP siguió apretando a Ábalos, acusándole de mentir y reclamando su inmediata dimisión. El ministro se revolvió y disparó a la bancada popular por su gestión de los atentados del 11-M, que se pretendieron vincular con ETA: “¡Ustedes hablan de mentira cuando son el partido de la mentira!”, clamó Ábalos. Las bancadas del PSOE y Unidas Podemos arroparon al ministro con un cerrado aplauso.
Pero al calor de la pugna política y partidista, el PP, Vox y Ciudadanos acudieron a los tribunales –también, antes que ninguno, el desconocido Partido Laócrata de un antiguo militante socialista sevillano–, y se acumularon hasta tres querellas en el Tribunal Supremo y otras tres denuncias en los juzgados ordinarios. Y los tiempos de los tribunales ya se sabe que no son los mismos que los de la actualidad política y la emergencia mediática. Así que Ábalos se enfrenta ahora a un largo y continuado desgaste político mientras sigan vivas las investigaciones judiciales en curso.
Lo mismo le sucedió a uno de sus antecesores al frente del ministerio –entonces de Fomento– y de la secretaría de organización del PSOE, José Blanco. En noviembre del 2011, la juez de instrucción elevó la investigación contra Blanco en el denominado caso Campeón al Tribunal Supremo. Finalmente archivó la causa..., pero ya en julio del 2013.
“Todo quedará en nada”, advierten en el Ejecutivo; pero los ritmos de la justicia no son los de la política