La UE pide a Turquía que respete el acuerdo y pare la llegada de migrantes
Von der Leyen, Michel y Sassoli visitan hoy una de las fronteras críticas
La Unión Europea reclama a Turquía que respete el acuerdo que firmó en el 2016 y que le permite recibir hasta 6.000 millones de euros a cambio de frenar la llegada de migrantes a territorio comunitario, básicamente a Grecia. Lo apuntó ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando declaró que “reconozco que Turquía está en una situación difícil respecto a los refugiados y los migrantes. Pero lo que estamos viendo ahora no puede ser una respuesta o una solución”, y también desde Berlín, el portavoz de la canciller Angela Merkel, dijo que “estamos convencidos del valor de ese acuerdo y esperamos que sea respetado”. Pero, por el momento Turquía sigue utilizando a los migrantes como arma de presión y, sin denunciar oficialmente el acuerdo, en la práctica está dejando de cumplirlo. “Después de que abriéramos las puertas, las llamadas de teléfono se han multiplicado, nos dicen ‘cerrad las puertas’. Yo les he dicho, está hecho, se terminó, las puertas están abiertas. Ahora deberéis asumir vuestra parte de la carga”, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en un discurso en Ankara.
Una de esas llamadas de teléfono fue la de la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, que insiste en que el respeto al acuerdo con Turquía debe ser la base para cualquier diálogo para encontrar un terreno común. Ankara sabe que la amenaza, ya llevada a cabo en parte, es demoledora para la UE. En la crisis migratoria del 2015-2016, cuando más de un millón de refugiados llegaron de forma caótica a
Europa huyendo de guerras como la de Siria, su presencia alimentó el apoyo a los partidos de extrema derecha. Hubo división interna en muchos países y división también entre socios de la Unión Europa. Se intentó la redistribución de los migrantes llegados a Grecia e Italia a otros países a través de cuotas obligatorias que se aprobaron, pero casi nunca respetaron, y finalmente, la solución llegó con el acuerdo con Turquía, a cambio de un pago de 6.000 millones de euros. Un acuerdo tan discutido como efectivo. La migración dejó de llegar de manera masiva a Grecia. De esa cantidad, 4.700 millones ya han sido comprometidos por contrato, de los cuales 3.200 han sido pagados. Ahora, al estallar esta crisis, Ankara quiere obtener más rendimiento económico o de otro tipo de una UE con la que mantiene relaciones cada vez más tensas.
Difícil es el papel que tiene que desempeñar la UE, aguantando la presión de Turquía y al mismo tiempo, dando su apoyo a Grecia, el socio que sufre más dificultades. Allí precisamente viajan hoy los presidentes de las tres instituciones europeas, Ursula von der Leyen, Charles Michel y David Sassoli, para visitar una de las zonas críticas, la frontera terrestre entre Grecia y Turquía y reunirse con el presidente griego, Kyriakos Mitsotakis, en lo que supone una visualización del sostén a un socio con problemas. Grecia ha reforzado sus fronteras para evitar la entrada de los migrantes procedentes de Turquía, y ha solicitado apoyo a Frontex, que ha activado una intervención rápida. Con este procedimiento debería movilizar hasta 1.500 guardas de fronteras en un plazo de cinco días.
Al mismo tiempo, Josep Borrell, el Alto Representante de la UE, ha anunciado una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores esta semana para analizar la situación en Siria y en concreto los enfrentamientos en Idlib, la zona
“Turquía está en una situación difícil, pero lo que vemos no puede ser una solución”, dice Von der Leyen
donde se produjo el bombardeo que mató a más de 30 soldados turcos y que es el detonante del agravamiento de la crisis. “Es una amenaza grave a la seguridad y la paz internacional”, dijo Borrell en un comunicado, en el que pedía, una vez más, un alto el fuego. La reunión se convoca a petición de Grecia.
Además de blindar su frontera con Turquía, Grecia anunció el domingo que suspendía durante al menos un mes las demandas de asilo, como medida de “disuasión” para frenar ese flujo. Una medida sobre la que la Comisión Europea ha evitado pronunciarse.