Argentina discutirá el aborto con el peronismo dividido y la sombra del Papa
Fernández cumple su promesa y anuncia una ley de interrupción del embarazo
El peronista Alberto Fernández ganó la presidencia argentina por la mala gestión económica de su predecesor, el liberal Mauricio Macri, pero también gracias a sus opiniones progresistas en asuntos personales como el aborto o la identidad sexual. El mandatario está decidido a cumplir su compromiso de sacar adelante la batallada ley del aborto: en su primer discurso anual de apertura de las sesiones parlamentarias, celebrado el domingo, anunció que la semana que viene enviará al Congreso un proyecto para legalizar la interrupción del embarazo.
Aunque el presidente no detalló plazos o condiciones, sí desveló una incógnita que en estas primeras semanas de Gobierno había alertado a organizaciones feministas: Fernández apuesta por “despenalizar” la interrupción del embarazo para frenar la imputación de mujeres, pero también propone “legalizar” el aborto en la línea de las sociedades más avanzadas en derechos civiles.
“Presentaré un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión”, dijo el mandatario. “La existencia de la amenaza penal no sólo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma”, justificó Fernández, reputado abogado penalista. “También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma”, agregó. “El aborto sucede, es un hecho, y es sólo esa hipocresía, que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este”, zanjó.
Las probabilidades de que la ley sea aprobada son más altas que nunca. Las encuestas indican que una amplia mayoría social es partidaria del aborto. Sin embargo, Fernández enfrentará una dura batalla, sobre todo internamente, con un peronismo unificado gobernando, donde se conjugan todas las tendencias, incluidas las derechistas.
Además de los legisladores más conservadores, el presidente deberá soportar las presiones de los diputados y senadores que responden a los gobernadores de talante feudal de las provincias norteñas, que fueron decisivos para que el proyecto debatido por iniciativa popular en el 2018 fracasara en el Senado, cuando ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados.
Por otro lado está el papa Francisco. El pontífice argentino, a quien los funcionarios justicialistas tildan sin tapujos de peronista, no sólo sirve de inspiración a los detractores del aborto, que ya están en pie de guerra enarbolando los pañuelos azules nuevamente, sino que también tiene influencia en un sector del Gobierno no precisamente ultracatólico pero sí fiel a los dictados del Papa. De hecho, tras la salida de Macri, parecía que Francisco anunciaría a fines del año pasado la esperada visita en el 2020 a su país –junto con Uruguay–, después de haber viajado ya a buena parte de Latinoamérica; la postergación se atribuye a la firme postura de Fernández. No obstante, a finales de enero el mandatario visitó a Francisco en el Vaticano, aunque el presidente aseguró que no había tratado el aborto con el pontífice.
Fernández designó a un respetado médico y gestor sanitario, Ginés González García, como ministro de Salud. Partidario del aborto, el nombramiento auguró la apuesta del mandatario, después de que la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, frenase en sus ocho años de mandato la discusión parlamentaria, por sus convicciones católicas, designando a ministros antiabortistas. Tras dejar el Gobierno, Kirchner cambió de posición y en el 2018 apoyó como senadora la frustrada ley.
Argentina fue históricamente un
“El aborto sucede, es un hecho, y es sólo esa hipocresía la que nos hace caer en un debate como este”
país pionero en la defensa de los derechos civiles en Latinoamérica, pero en el aborto no pudo avanzar. La actual legislación permite interrumpir la gestación en caso de violación o daño para la madre, casuísticas que incorporan la mayoría de países de la región, a excepción de los restrictivos El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití. Por el contrario, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guayana y la Guyana Francesa permiten el aborto incondicional dentro del plazo establecido.