Disenso moral, consenso fiscal
El Gobierno asiste al relevo en la Conferencia Episcopal esperando que se mantenga la sintonía con el Vaticano
La política española –lo vimos el sábado en Perpiñán y lo vemos cada día en el Congreso de los Diputados– vive inmersa en la ruidosa colisión entre el brillo de la pureza del dogma y el parpadeo del realismo funcional, entre el vigor monolítico de lo esencial y la naturaleza maleable de lo mestizo. La Iglesia española, actor político principalísimo del último siglo, elige hoy nuevo presidente, que sustituirá al cardenal Ricardo Blázquez al frente de la Conferencia Episcopal, y lo hace inmersa en un debate idéntico al que recorre la realidad del país. El resultado de esta elección permitirá medir hasta qué punto la Conferencia Episcopal se alinea con el Vaticano y, a su vez, condicionará las relaciones de la institución con un Gobierno de coalición cuya agenda política está llena de asuntos que, bien en lo material, bien en lo espiritual, afectan de lleno al papel de la Iglesia.
En la Moncloa hay una calma relativa respecto al efecto que puedan tener los hitos de su programa en su relación con la Santa Sede. Leyes como la de Educación –que pasa hoy por el Consejo de Ministros y saca del currículo la asignatura de religión católica–, la ley de Eutanasia –que ya se tramita en el Congreso– o la ley LGTBI –que se prevé para antes del verano– colisionan en distinta medida con los principios morales católicos, al menos en su expresión más ortodoxa, pero no parece que vayan a provocar una beligerancia de los purpurados como la que enfrentó José Luis Rodríguez Zapatero, en el periodo 20042011. Por entonces, el PSOE impulsó un ambicioso paquete de medidas que ensanchaban los derechos sociales y políticos, que puso al país a la cabeza del Europa en términos de tolerancia de la diversidad. A la cabeza de Europa en relativismo moral, a juicio del catolicismo conservador. Fueron los años de la ley del matrimonio homosexual, la ampliación de la ley del aborto o la regulación del divorcio exprés, normas que provocaron una airada reacción de la institución, que, bajo los auspicios del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y con la supervisión aquiescente del papa Benedicto XVI, agitó las calles contra el presidente socialista en actos multitudinarios a medio camino entre la celebración litúrgica y la exhibición de músculo político.
No obstante, el programa del actual Gobierno tiene otros puntos de fricción con la Iglesia que atañen menos a la conciencia y más al vil metal. La revisión de las inmatriculaciones de la Iglesia –una gatera legal aprobada por el gobierno de José María Aznar que ha permitido a las diócesis inscribir en el registro de la propiedad más de 30.000 bienes en dos décadas, muchos de los cuales de titularidad en discusión– o la decisión de acabar con la exención fiscal del impuesto de bienes inmuebles de que disfruta el patrimonio eclesial son, en todo caso, un aperitivo de una disputa mayor, toda vez la ley de Educación reducirá seriamente al dinero que las distintas instituciones católicas dedicadas a la enseñanza reciben como parte del concierto educativo.
El Gobierno no teme que se repita la situación de hace una década. Las relaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo con el Vaticano son fluidas y el Gobierno español entiende que los asuntos puramente fiscales y patrimoniales –IBI e inmatriculaciones– no serán motivo de conflicto. El giro impuesto por el papa Francisco a la acción vaticana pasa por un mayor compromiso contra las desigualdades –y, por tanto, mayor conciencia redistributiva–, y por evitar injerencias en la política del resto de estados. Sí batallará en las cuestiones morales y de impregnación social de la Iglesia, pero evitando la belicosidad de una guerra cultural como la que propusieron desde Roma, sucesivamente, los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Los vaticanistas consideran que
La Moncloa no espera conflictos por el IBI o las inmatriculaciones, aunque sí por la enseñanza religiosa
el favorito para presidir la Conferencia Episcopal Española es por eso el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, de relación estrecha con el Pontífice, habilidades diplomáticas y que ha expresado su apuesta por el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. Sin embargo, suena también el nombre del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, cabeza del sector conservador que la semana pasada anunciaba su negativa a negociar con el Gobierno sobre la clase de religión “porque es un derecho de los padres” y recetaba para España “unidad” y “vuelta a las raíces”. En entrevista con Religión Digital, Cañizares señaló que no le “apetece nada” presidir la Conferencia Episcopal, pero también, que si le votan, aceptará.
La tranquilidad del Gobierno tiene una cita hoy en la Conferencia Episcopal Española. El tañido de las campanas dirá si los purpurados eligen los nuevos modales o las viejas certidumbres.