El Govern asegura cambios en la ley para evitar desahucios
Materializado el desalojo de seis pisos ocupados en el Bloc Llavors del Poble Sec, propiedad de un fondo de inversión
La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, reiteró ayer que, en las próximas semanas, el Govern promoverá cambios en el decreto ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda con el objetivo de evitar desahucios como el que se produjo ayer en el bloque Llavors del Poble Sec. Capella explicó, tras la reunión del Consell Executiu, que el objetivo es blindar la norma para que los jueces se vean obligados a paralizar desalojos en el caso de que el titular del inmueble no ofrezca un alquiler social.
Cabe recordar que, el pasado viernes, las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona concluyeron que dicho decreto ley no habilitaba en ningún caso al estamento judicial para que pudiese frenar un desahucio aunque el propietario no facilitara un alquiler social.
Pasadas las seis y media de la mañana de ayer, un amplio dispositivo de los Mossos d’esquadra bloqueó el acceso al tramo de la calle Lleida comprendido entre la avenida de Rius i Taulet y Joaquim Blume. En el número 38, en el conocido como Bloc Llavors, procedieron al desalojo de seis viviendas por orden de la titular del juzgado número 48 de Barcelona. Tras cinco tentativas, ayer se materializó la salida de las personas que ocupaban, desde el verano del 2017, los pisos, propiedad de Vauras Investment SL.
Vecinos y activistas de distintos colectivos, como el Sindicat de Barri del Poble Sec, lamentaron la “violencia” del cuerpo policial. Unas 50 personas habían pasado la noche en el edificio advertidos de la inminente materialización de la orden judicial.
Susana Naranjo, una de las dos personas que ocupaba desde julio del 2017 el quinto tercera, explicó que hacia las 6.45 aparcaron unas 18 furgonetas de los Mossos y que, “antes de que llegara la comitiva judicial entraron a la fuerza sacando con violencia a las compañeras que estaban concentradas en el portal”. Después, los agentes expulsaron a los ocupantes de los seis pisos. En dos de ellos vivían menores, aunque en el momento de la actuación policial no estaban en sus hogares.
Otras tres viviendas del total de 26 del inmueble están también ocupadas desde hace un año. Algunas, según precisó el Sindicat de Barri del Poble Sec, están alquiladas
Los vecinos denuncian la “violencia” de los Mossos, que en su sexto intento ejecutaron la orden judicial
y otras son de pequeños propietarios.
Susana Naranjo, de 22 años, relata que en Sant Climent de Llobregat vivía con su madre en una casa ocupada pero que debido a sus estudios se trasladó a Barcelona, donde no pudo acceder a un alquiler por los elevados costes.
“La gente que vive aquí es vulnerable no porque no tenga recursos económicos sino porque el precio medio del alquiler en Barcelona ya supera los 1.000 euros; el problema es la presión especulativa y que las administraciones no hayan hecho nada para resolver el drama de la vivienda”, indicó Silvio Covolo, del Sindicat de Barri del Poble Sec.
La salida que se dio ayer a los afectados fue ir a un albergue o a una pensión y, en el caso de las personas con menores, acudir a un aparthotel. “Sabemos que no nos ofrecerían un piso, hay 600 familias en lista de espera para las viviendas de emergencia social”, indica Naranjo, que actuó de portavoz de los desalojados.